Un grupo de abogados que representan a cerca de un millón de clientes de servicios de telefonía en dos pleitos de clase cuestionó hoy la credibilidad y la transparencia de las gestiones de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), y señalaron a dos de sus miembros asociadas como protagonistas de un supuesto conflicto de interés que compromete la confianza de los ciudadanos en esa entidad pública.
Los licenciados José Andréu Fuentes, Harold Vicente y José Andréu García comparecieron ante la Comisión senatorial de Banca, Seguros y Telecomunicaciones, y por casi tres horas, enumeraron una serie de supuestas irregularidades cometidas por la presidenta de la JRT, Sandra Torres, y la miembro asociada Gloria Escudero. Dichos señalamientos se relacionan con los vínculos que presuntamente mantienen ambas funcionarias con la Puerto Rico Telephone Company (PRTC), hoy Claro.
Los abogados, encabezados por Andréu Fuentes, argumentaron que tanto Torres como Escudero han intervenido en casos que involucran a la PRTC, compañía para la cual ambas funcionarias laboraron alrededor de 30 años, y por la que reciben una pensión de retiro.
Según Andréu Fuentes, con sus supuestas acciones, Torres y Escudero pudieron haber violentado la ley orgánica de la JRT, que dispone que los miembros de esa entidad no pueden tener ningún tipo de interés directo o indirecto o relación contractual con alguna compañía de telecomunicaciones, y también podrían infringir el Reglamento de Ética y Conducta Profesional de esa dependencia, así como la Ley de Ética Gubernamental por estar en situaciones que, al menos, generan la apariencia de un potencial conflicto de interés.
"No hay duda de que, tanto la licenciada Sandra Torres como Gloria Escudero poseen un claro conflicto de interés en los casos que se ventilan ante la Junta y que involucran a la PRTC como parte. Ello, debido a los estrechos vínculos laborales que por años unieron a estas personas con la PRTC y debido a la relación que estas aún mantienen con dicha empresa por virtud de las pensiones de retiro de las cuales son acreedoras", manifestó Andréu Fuentes ante la comisión que preside el senador popular Ramón Luis Nieves.
"La marcada tendencia de Torres de pretender intervenir en los casos presentados ante la Junta en los que la PRTC es parte podría ser muestra de una parcialidad y trato preferencial a favor de la PRTC. En otras palabras, podría constituir un intento de utilizar su cargo de presidenta para beneficiar indebidamente a la PRTC", añadió el abogado.
Según Andréu Fuentes, esa "apariencia de ilicitud" menoscaba la confianza del público en "la integridad y honestidad de la JRT".
Pero Torres, quien junto a Escudero también compareció a la audiencia pública, rechazó todos los señalamientos en su contra, y dijo que la investigación senatorial no responde realmente a una resolución presentada en febrero para examinar la industria de telecomunicaciones, sino que se debe a una carta fechada el 18 de marzo pasado que "tres prominentes abogados" que no identificó enviaron al secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, con imputaciones éticas y cuestionamientos sobre la legalidad de su nombramiento como presidenta de la JRT.
Torres, nombrada bajo el gobierno de Luis Fortuño, dijo contar con dos opiniones de la Oficina de Ética Gubernamental que confirman que no existen conflictos con su designación, o que señalan la manera en que se pueden evitar potenciales controversias.
"(La Oficina de) Ética contestó que en aquellos casos que había intervenido directa o indirectamente (mientras trabajó en la PRTC), me tenía que inhibir, y estoy inhibida en todos ellos, no he participado en ninguno", indicó a este medio Torres, quien resaltó, además, que cuando su nominación fue considerada por el Senado, recibió el voto unánime de los miembros del cuerpo.
Según la presidenta de la JRT, debido al volumen de querellas que recibe esa entidad, no podría inhibirse de todos los casos ante su consideración. Sin embargo, enfatizó que han sido numerosas las instancias en que ha decidido en contra de la PRTC.
Durante su participación en la vista, Escudero presentó algunas estadísticas de la Junta que señalan que, entre el 2009 y 2011, bajo la dirección de Torres, esa entidad reguladora emitió 126 multas a la PRTC, mucho más que a AT&T (16), Centennial (17) y Onelink (3).
Mientras que, desde el 2011 hasta el presente, cuando ambas integraban la Junta, la PRTC recibió 70 multas, un número también superior a las que se le impusieron a AT&T (20), Centennial (1) y Onelink (2).
En su turno de preguntas, el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, dijo estar inconforme con la manera en que ha operado la JRT, pues asegura que se ha convertido en un "club privado" y que se "ha echado a un lado el bienestar del pueblo".
Bhatia anticipó que durante el próximo año se presentarán varias propuestas para modificar la forma en que opera esa instrumentalidad gubernamental. "Anticipo que, en este año, va a haber acción más adelante", sostuvo.
Torres, por su parte, le dio la bienvenida a toda iniciativa de esa índole, al igual que a cualquier otra pesquisa sobre su gestión.
"Esa es su percepción", comentó sobre las declaraciones de Bhatia.
"Él tiene derecho a hacer la expresión como presidente del cuerpo, y la Asamblea Legislativa tiene amplios poderes investigativos que nadie les puede coartar. Como he dicho antes, le doy la bienvenida a todas las investigaciones", puntualizó la presidenta de la JRT.
