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Un 56% de los empleados públicos y 66% de los empresarios creen que la corrupción ha aumentado. Casi uno de cada cuatro piensa que hay que hacer “pagos por debajo de la mesa” con bastante o mucha frecuencia para garantizar la otorgación de contratos. Los empresarios están dispuestos a pagar hasta el 11% del valor de un contrato en un soborno para conseguir un contrato con el Gobierno. Dos de cada siete empresarios asegura haberse visto obligado a contribuir económicamente en campañas políticas.
Estos resultados corresponden a un estudio realizado por un grupo de profesores de economía y política del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico para la Oficina del Contralor, y muestran que entre la población existe tolerancia a cierto grado de corrupción.
El estudio analizó las diferentes modalidades de corrupción y mal uso de fondos públicos, cuantificó el costo y realizó encuestas para conocer el alcance de la corrupción en el Gobierno.
Los encuestados mencionan entre las agencias e instituciones más corruptas a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Policía, el Departamento de Educación, la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), el Departamento de la Vivienda, Autoridad de Carreteras, Cámara de Representantes y Senado. Como las menos corruptas aparecen el Departamento de Asuntos del Consumidor, El Departamento de Salud, la Compañía de Turismo, la Universidad de Puerto Rico y los tribunales.
Aunque los casos de corrupción más conocidos involucran el otorgamiento de contratos por parte de funcionarios a cambio de dinero, ésta es solo una de las muchas modalidades que puede asumir la corrupción. La mayor parte de los problemas se encuentran en el nombramiento de personal y el otorgamiento de contratos, según la investigación realizada por la doctora María E. Enchautegui Román, catedrática del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico.
Para los empresario encuestados, las licitaciones públicas son la médula de la corrupción. Hay tres modalidades: pagar a funcionarios públicos para obtener privilegios en leyes, decisiones o reglamentaciones; pagar a funcionarios para ser favorecidos en la adjudicación de contratos ; y pagar u ofrecer un intercambio de favores para agilizar transacciones. Según el estudio, la corrupción en las licitaciones públicas reduce la eficiencia del gobierno, la competencia y produce inequidad.
La doctora Eileen V. Segarra Alméstica, catedrática del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, encontró que el aumento en la corrupción comenzó a mediados de la década de los 80’, se agudiza en los 90’ y alcanzó un nivel máximo en el 2002 (el análisis llega hasta el 2008). Concluye que la corrupción aumenta en períodos de actividad económica debido al aumento de las contrataciones.
“Se recomienda que se aumente la reglamentación y el rigor en la fiscalización de las transacciones contractuales entre el sector público y el sector privado”, apuntó Segarra Alméstica.
La corrupción es menor en los municipios autónomos, porque están sujetos a mayor reglamentación; y aumenta donde el porcentaje de empelados de confianza es mayor.
Alicia Rodríguez Castro, catedrática del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, estimó que la corrupción genera pérdidas anuales de $22.6 millones. Se trata en la mayoría de los casos de pérdida de equipos por apropiación o desaparición.
El mayor índice de apropiaciones y propiedad desaparecido se dio en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, seguido del Banco de Desarrollo Económico. Arecibo es el municipio con mayor número de incidencias.
En la mayoría de los casos, estos actos de corrupción no se denuncian por son de “poco monto” (resmas de papel, lápices, bolígrafos, etc.), no conocen del procedimiento para denunciar o creen que los casos no se van a investigar.
Rodríguez Castro opina que es necesario crear conciencia de las pérdidas monetarias que confronta el estado.
El doctor Héctor Martínez Ramírez, presentó los resultados de 10 entrevistas a jefes de agencias realizadas junto al doctor José Javier Colón Morera, ambos son catedráticos del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico.
De la entrevistas salieron algunas recomendaciones, como prohibir a los contratistas tener acceso al personal secretarial, quienes pueden recibir dinero o regalos a cambio de información.
Algunos entrevistados mencionaron sentirse incómodos si recibían una llamada de La Fortaleza para que recibiera a un contratista porque no sabía si éste esperaba algo a cambio de haber hecho un donativo al partido.
Martínez Ramírez opina que el problema puede ser la duración de las campañas políticas y recomienda acortarlas. “Hay que promover la cultura de la intolerancia a la corrupción”.
