17 de mayo de 2019

Prensa Latina

San Juan, 15 may (Prensa Latina) Unas 250 mil familias puertorriqueñas están en peligro de perder sus hogares, cuando a partir de julio se intensifique el proceso de ejecución de hipotecas, alertó hoy la organización Ayuda Legal Puerto Rico.

La abogada Ariadna Godreau-Aubert, directora ejecutiva de la organización, solicitó al gobernador Ricardo Rosselló decretar un estado de emergencia nacional para hacer frente a la crisis que, aunque no afecta a todas las personas por igual, las más vulnerables suelen enfrentar solas este doloroso proceso.

Ayuda Legal Puerto Rico considera que a causa de esta crisis más de un 25 por ciento de la población puertorriqueña o sobre 750 mil personas, están afectadas, al contabilizarse unas 250 mil 260 viviendas en riesgo de ejecución.

La abogada recordó que el huracán María dejó 300 mil viviendas afectadas en un país que ya sufría una crisis económica y tiene un nivel de pobreza de entre 42 y 53 por ciento de su población de 3,5 millones de habitantes.

En 2017, el año que pasaron los huracanes Irma y María, se registraron 16 ejecuciones de hipotecas por día, y en los dos primeros meses, 459 viviendas fueron reposeídas por los bancos, lo cual es alarmante, y nos motivó a crear un protocolo para ayudar tanto a personas como a instituciones a enfrentar la situación.

El protocolo de primeros auxilios para armar a las personas, proveedores de servicios y organizaciones sin fines de lucro con las herramientas e informaciones necesarias sobre sus derechos, dijo, como cuándo el banco enviará cartas de cobro detallando penalidades, después del primer atraso o iniciar un proceso legal de hipoteca en el tribunal.

El abogado Ricardo Ramos aseguró que los datos oficiales no lo dicen todo, pues según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIT), la cifra de viviendas ejecutadas por los bancos entre 2016 y 2018 ha bajado, pero eso es una merma artificial al excluir los préstamos vendidos o presentados ante el tribunal de quiebra.

El director de la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) explicó que se esperaba un aumento en 2017, pero las moratorias a los pagos de hipotecas y el cierre temporero de los tribunales aplazó los casos, creando una merma artificial.

Aclaró que debido a que han adquirido préstamos hipotecarios de Puerto Rico, empresa estadounidenses han entablado acciones en el tribunal federal en San Juan, lo que complica el panorama para muchas personas por no tener un entendimiento pleno del idioma inglés.

La organización recomendó a la banca, durante una mesa redonda con periodistas, hacer más accesible la información a su clientela y adoptar criterios de responsabilidad social, mientras ratificó al Gobierno su exhortación a 'declarar un estado de emergencia ante la avalancha de ejecuciones de hipoteca que se avecina'.

El Gobierno debe tomar medidas para paralizar todos los procesos, incluyendo subastas, y convocar una comisión especial para atender la crisis hipotecaria en Puerto Rico, recomendó Ramos.

Los letrados indicaron que los problemas de acceso a la justicia agravan más la situación para la población.

'Como la información es muy técnica, muchas veces en inglés, la orientación de la banca es inadecuada, falta educación y representación legal y la situación causa una gran carga emocional, mucha gente enfrenta este proceso sola y no tiene que ser así', señaló Godreau-Aubert.

Los integrantes de Ayuda Legal Puerto Rico manifestaron que el protocolo de primeros auxilios de la organización recomienda varios pasos para que las instituciones proveedoras de servicios puedan identificar y canalizar los casos de ejecución de hipotecas de forma adecuada y los dueños de préstamos hipotecarios sepan qué opciones tienen.

'Queremos que las personas conozcan sus derechos y reciban el acompañamiento legal que necesitan; especialmente nos interesa que grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con diversidad funcional, mujeres, reciban la asistencia necesaria', indicó Tania Morales, junto con Verónica Rivera, quienes asisten legalmente a los necesitados.