15 de noviembre de 2017

CyberNews

La contralora, Yesmín Valdivieso divulgó el miércoles un informe de auditoría que, entre otras cosas, señala el pago indebido de más de 13 mil dólares al exalcalde interino de Guayanilla, Pablo González, quien asumió ese cargo tras la salida del exalclade Edgardo Arlequín Velez por un caso de acoso sexual contra una empleada municipal.

“El exalcalde interino devengó un sueldo que no le correspondía ya que en la Ley 81-1991 no existe ninguna disposición que establezca que el cargo de alcalde interino pueda devengar el sueldo asignado al alcalde en propiedad”, dijo Valdivieso en una declaración escrita.

“Nuestra oficina refirió al secretario de Justicia en febrero de 2016, la situación de los pagos indebidos por 13,839 dólares desembolsados al entonces alcalde interino. El 1 de junio de 2016 el secretario de Justicia ordenó al municipio el recobro por el diferencial cobrado indebidamente”, agregó.

En diciembre de 2015 un juez de Ponce halló culpable a Arlequín Velez por acoso sexual contra la empleada municipal Lumari Torres Pérez y por usar las facultades de su cargo para obtener un beneficio ilegal, por lo que fue encarcelado. Posteriormente, el exgobernador Alejandro García Padilla lo indultó antes que culminara su mandato.

De otra parte, el informe expone que el entonces alcalde reclasificó del servicio de confianza a un puesto de carrera, al director de Finanzas y a la directora de Recursos Humanos con sueldos que excedían el máximo establecido en el Plan de Clasificación de 2003. De hecho, el nombramiento de la directora de Recursos Humanos se realizó sin seguir los procedimientos de competencia y reclutamiento.

Mientras, el informe de auditoría M-18-09, que cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2015, detalla que el municipio emitió una orden de cambio para realizar trabajos adicionales en la construcción de la Piscina de Entrenamiento Olímpico en la barriada Guaydía sin solicitar la aprobación de la Junta de Subastas. Además, no se encontraron para examen algunos documentos fiscales de varias de las etapas de la construcción como: los planos de la subasta, órdenes, estimados de costo o los informes de inspección.

Otras desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación, según la auditoría, fueron el pago de deudas con presupuestos de años anteriores y los atrasos en el pago de deudas a varias agencias gubernamentales, según indicó la funcionaria.

“De febrero de 2012 a septiembre de 2014, se autorizaron para pago 24 órdenes de compra por 37,650 dólares por deudas contraídas con 20 proveedores desde el 2010. Además, el municipio adeudaba al 30 de junio de 2015, más de un millón de dólares a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Hacienda, al Sistema de Retiro y a la Asociación de Empleados del ELA. Una situación similar se había señalado en el Informe M-14-42 de 2014”, precisó la funcionaria.

Por otra parte, la contralora mencionón que la auditoría de 15 hallazgos revela la falta de control en el uso de una tarjeta de crédito asignada a un funcionario por la cual se pagaron 20,057 dólares en recargos.

“Contrario a la ley y los reglamentos aplicables, el municipio notificó la pérdida de propiedad por accidentes, robos, fuego o desaparición hasta 14 meses luego del tiempo establecido. Además, en un examen de nuestros auditores no se encontró el 40 por iento de propiedad valorada en 21,557 dólares, ni el 44 por ciento de los recibos de propiedad en uso valorado en 38,227 dólares”, explicó