10 de septiembre de 2018
El Nuevo Dia
Washington - Las empresas estadounidenses DCI Group y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan han cabildeado ante la Asamblea Legislativa en Puerto Rico a favor de acreedores del gobierno sin cumplir con las normas de las cámaras legislativas de la isla.
Probablemente, no son las únicas en esa situación, pero son muestra de cómo compañías estadounidenses que se han vinculado con la crisis fiscal y de deuda pública obvian los reglamentos de cabildeo de la Legislatura de Puerto Rico, que, en términos generales, son vagos y poco exigentes, según varias fuentes.
Algunos legisladores confirmaron a este diario que Ryan Grillo, socio de la empresa de relaciones públicas y cabildeo DCI Group, y Daniel Salinas Serrano, de la firma internacional Quinn Emanuel, han ido a sus oficinas a cabildear a favor de firmas de inversiones con bonos de obligaciones generales y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), respectivamente.
Ninguno de los dos, ni sus empresas -enfrentadas en el debate sobre la reestructuración de la deuda- están en el registro de cabilderos del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, indicó que Grillo lo ha “visitado”. Otro que menciona que ha cabildeado en Puerto Rico a favor de acreedores de obligaciones generales, sin registrarse, ha sido el exgobernador de Nueva York George Pataki.
Mientras, el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, confirmó que “en una o dos ocasiones”, Salinas Serrano fue a promover a su oficina asuntos relacionados con los acreedores de Cofina.
Salinas Serrano también habría tenido reuniones con el presidente de la Cámara baja, Carlos “Johnny” Méndez, quien no devolvió un mensaje de este medio en busca de información sobre este particular.
Grillo tampoco ha respondido mensajes de este diario.
El bufete Quinn Emanuel, con presencia internacional, indicó en un comunicado de prensa que no tienen “una práctica de cabildeo específica” y que interactúan “con los funcionarios del gobierno y su personal solo cuando ocurre una representación legal más amplia”.
“El bufete ha representado a los bonistas de Cofina como sus asesores legales por más de tres años, incluyendo en todos los aspectos de los procesos de reestructuración de deuda bajo la Ley Promesa”, agregó la firma.
Otro socio de Quinn Emanuel, Susheel Kirpalani, fue señalado en 2016 por no haberse registrado ante el Congreso como cabildero de cuatro fondos de cobertura de riesgo (hedge funds) con bonos de Cofina: Golden Tree Asset Management, Merced Capital, Tilden Park Capital Management y Whitebox Advisors.
Tras comparecer a una audiencia en mayo de 2016 y admitir la representación de esas empresas, Kirpalani se registró ante el Congreso como cabildero.
Las gestiones
Grillo, a nombre de DCI, ha estado consistentemente en la isla como parte de las gestiones de su empresa, que desde 2014 ha mantenido una campaña en contra del gobierno de Puerto Rico y las posibilidades de una reestructuración abarcadora de la deuda pública de la isla.
En 2016, Grillo y el comité de acción política de DCI contribuyeron con las campañas de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación y Jenniffer González como comisionada residente en Washington D.C. Dos años antes, DCI contrató al ahora presidente del PPD, Héctor Ferrer, para que le hiciera un “memorando legal”, según el exrepresentante popular.
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DCI también tuvo una relación de trabajo con el exsenador Roberto Prats, quien como Ferrer es un potencial aspirante a la candidatura a gobernador por el PPD.
La contratación de Ferrer coincidió con el inicio de la campaña de descrédito, por parte de DCI, en contra del gobierno de Alejandro García Padilla por la controversia sobre un reembolso que reclamó sin éxito la empresa matriz del desaparecido Doral Bank, y los esfuerzos de las autoridades de la isla por lograr legislación para reestructurar su deuda.
Y le ha creado tensiones al líder popular dentro del PPD, en momentos en que reconoce que, por lo menos, hasta julio mantuvo contactos con Grillo. Fuentes de El Nuevo Día sostienen que DCI ayudó a ese partido a promover ese mes su mensaje en contra de la estadidad en la capital federal.
Los cabilderos de los acreedores del gobierno han presionando en el Congreso sobre asuntos fiscales, en momentos en que el presupuesto y medidas de recaudo podrían determinar las posibilidades de repago de la deuda, que ronda los $70,000 millones, sin contar las obligaciones -otros $45,000 millones- de los sistemas de retiro.
Bajo las normas del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, quienes hacen trabajos de cabildeo en la Legislatura tienen que registrarse en términos personales, de su empresa y las compañías que representan.
La orden administrativa del Senado, de 2005, indica que tienen que inscribirse como cabilderos sus firmas, abogados, bufetes de abogados, publicistas, agencias de relaciones públicas, agencias de publicidad, economistas y consultores que se dediquen a la representación de clientes ante la Legislatura.
En la Cámara, el cabildeo o esfuerzo de cabildeo se define como “contactos y esfuerzos remunerados a favor o en contra de legislación, incluyendo la preparación y planificación de actividades, indagaciones o cualquier otro trabajo de trasfondo cuya intención, al momento de ser realizado, sea para el uso de contactos y coordinación con actividades de legislación”.
La orden administrativa de la Cámara, publicada en febrero de 2017, expresa que “cualquier persona que viole las disposiciones de esta orden podrá ser sancionada de conformidad” con las leyes o reglamentos aplicables, y “ser expulsado” de ese cuerpo legislativo.
Méndez ha propuesto legislar para exigir que los cabilderos presenten un informe trimestral notariado, en el que detallen actividades y resultados. También propone prohibir el cabildeo de contratistas del gobierno.
Pero su legislación aún no ha sido considerada en el Senado.
