3 de junio de 2015

El Nuevo Dia

El Municipio de Ponce le adeuda a la corporación pública $10 millones mientras que el de Mayagüez debe $9.3 millones.

El Gobierno y los abonados de los residenciales públicos son los principales deudores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), indicó el director de servicio al cliente de la AAA, Gustavo Marín.

Hasta el 31 de marzo de este año, esos dos grupos de abonados le adeudaban a la AAA $158.6 millones.

“La deuda de los (abonados de los) residenciales lleva mucho tiempo y la del Gobierno mantiene una morosidad de tres meses. Los (abonados) comerciales e industriales están al día. Ese dinero representaría ‘cash flow’ (dinero en caja) para la Autoridad”, precisó el funcionario.

Solo la deuda gubernamental totaliza $109 millones e incluye agencias y municipios.

Preguntado sobre cuál es la agencia con la que confrontan mayor dificultad para cobrarle, Marín señaló al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Es la segunda agencia que más le adeuda a la AAA. El Departamento de Educación (DE) es el primer deudor de la AAA con $7.8 millones.

Pero Marín explicó que mensualmente la facturación del DE por consumo de agua es de $2.3 millones. Por lo tanto, si la morosidad en pago es de tres meses, consideran que la agencia, aunque tiene atrasos, está pagando dentro de los parámetros normales. No así el DCR, dijo Marín.

“Esa deuda sí es real. Está en atraso. Incluso ese atraso se compone de deuda de años fiscales anteriores”, comentó.

Aclaró que el DCR se ha mantenido pagando $1.2 millones mensuales. “Le estamos acreditando $1 millón a la factura corriente y $200,000 a la deuda. Cortarle el servicio de agua al DCR es sumamente cuesta arriba”, dijo para de inmediato hablar del problema de salubridad que podría ocasionar la AAA si deja a las prisiones sin servicio de agua potable.

Agregó que también a la AAA se le dificulta el cobro con el Departamento de Salud, tercera agencia que más le adeuda. Le deben $2.3 millones.

“El Departamento de Salud y Centro Médico son de las más que nos dan trabajo para cobrar porque con las demás agencias podemos suspender el servicio, como lo hemos hecho. Pero a Salud le podemos cortar el servicio en oficinas administrativas, no en hospitales”, dijo.

“Y créame, le hemos cortado el agua a varias agencias. Ha sucedido y hasta que no firman un plan de pago, no respondemos. Hubo una agencia que estuvo dos semanas sin agua”, agregó sin dar más detalles.  

En el renglón de los municipios, cuya deuda total asciende a $34 millones de los $109 millones que debe el Gobierno a la AAA, Marín dijo que Ponce y Mayagüez son los que le han dado dolor de cabeza.

El Municipio de Ponce le adeuda a la corporación pública $10 millones mientras que el de Mayagüez debe $9.3 millones. Sin embargo, Ponce, a diferencia de Mayagüez, tiene un plan de pago con la AAA.

“En ese plan de pago tiene dos condiciones específicas de cumplimiento: que se pagara $1 millón en abril y cumplieron, y la segunda(condición) es que a fin de junio paguen $8 millones”, explicó Marín.

En el caso del Municipio de Mayagüez, dijo que la deuda fue objeto de un pleito legal y recientemente los tribunales determinaron que aunque el agua está a nombre del municipio, se distribuirá la deuda entre las personas jurídicas que reciben el servicio como Centro Médico de Mayagüez, el Departamento de Salud y otras agencias. “Es cuestión de balancear la responsabilidad”, afirmó el director de servicio al cliente de la AAA.

Dijo que debido a la precaria situación económica del país, los municipios descansan en el dinero que reciben de remesas del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales para pagarle a la AAA.

En el caso de los abonados de los residenciales públicos, Marín sostuvo que la deuda para 2013 era de $51.3 millones y han logrado bajarla a $49.5 millones gracias a la colaboración directa de los líderes comunitarios. Descartó que la elevada deuda sea producto de la renuencia de los empleados de la AAA de entrar a estos complejos de vivienda.

“La peligrosidad de entrar en un residencial, en una parcela o en otro lugar de Puerto Rico es la misma. Yo no puedo decir que solamente en los residenciales hay ese problema. Es en toda la Isla”, dijo.

Precisó que desde que se creó la tarifa fija en 2009 para los abonados de los residenciales públicos no se fiscalizó y esto provocó, en gran medida, que se disparara la deuda. La Ley 69 de 2009 creó la tarifa fija que es el mínimo a pagar $23.71.

“Desde que se creó la ley se decidió que no se iba a leer más (los contadores) a los residenciales públicos por lo que la administración de esa ley fue deficiente”, dijo.

“Ahora, decidimos que lo más eficiente (para cobrar) era hablar con los líderes comunitarios. Logramos detener (el ascenso de la deuda) y bajarla. Yo lo que quiero es cobrar, no cortarle el agua a nadie. Hemos tenido la receptividad de estos abonados”, añadió.

Aseguró que es más efectivo para la AAA dialogar con los líderes comunitarios para viabilizar el pago de la deuda que acudir a los residenciales y cortar el servicio.

“Vamos a imaginarnos, por cinco minutos, que me meta (al residencial) con la Guardia Nacional y la Policía y corte el agua. Todos los meses voy a tener que volver a hacer lo mismo. El gasto al mes de $300,000 aproximadamente sería repetitivo mientras que en  conversación con ellos soy capaz de recuperar $1.3 millones al mes. ¿Qué es más efectivo?”, cuestionó.