14 de abril de 2015

Metro

En Puerto Rico hay unas 15,000 familias que acumulan retrasos de tres meses o más en el pago de sus hipotecas y otras 20,000 que en los últimos siete años han perdido sus viviendas, un problema para el que el Legislativo reclama soluciones a la banca local.

El Senado de Puerto Rico vio ayer una medida propuesta por el legislador Ángel Rodríguez Otero por la que se propone que la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones, y la de Vivienda y Comunidades Sostenibles investiguen la posibilidad de establecer condiciones que permitan a esos ciudadanos llegar a acuerdos con los bancos para facilitar los pagos.

En muchos casos se trataba de lo que se conoce en inglés como underwater mortgages, hipotecas cuyo importe es superior al de la vivienda, ya que el precio de esta ha ido cayendo en los últimos años.

“El número de familias que año tras año pierden sus hogares es alarmante y habla por sí mismo”, asegura Rodríguez. Hubo 2,357 ejecuciones hipotecarias en 2008, 2,454 en 2009, 3,162 en 2010, 3,188 en 2011, 3.814 en 2012 y 4,207 en 2013.

En la actualidad, “se estima que hay unas 15,163 hipotecas que exceden los tres meses de atrasos y están en peligro de ser ‘reposeídas’, aunque aún no han sido referidas al proceso de ejecución”, añade. La mayoría fueron concedidas con tipos de interés superiores al 3 %.

“Si bien la situación no es exclusiva de Puerto Rico, aquí nos ha afectado de forma severa”, asegura el legislador, que recuerda que la debilidad del sector de bienes raíces “coincide con la grave crisis económica que ha sufrido el país durante ese mismo periodo” y que se ha traducido en la pérdida de empleos y caída de ingresos familiares.

Así, miles de familias puertorriqueñas “no cuentan con los recursos suficientes y se ven imposibilitadas de vender o refinanciar sus viviendas, ya que el valor actual de su propiedad en el mercado es menor que su deuda, por lo que pierden su hogar al serle ejecutada la hipoteca”.

El presidente de la Mortgage Bankers Association de Puerto Rico, Agustín Rojo, reconoció recientemente que las instituciones hipotecarias de la isla se encuentran saturadas con altos porcentajes de morosidad en los pagos de los préstamos hipotecarios, lo que representa una carga para los bancos de la isla.

“Se trata de una situación que no beneficia a nadie. Todos conocemos que el negocio de la banca hipotecaria no es la venta de bienes raíces mediante las propiedades ‘reposeídas’”, asegura al respecto el legislador puertorriqueño.

Añade que al mismo tiempo “una gran mayoría de los ciudadanos que han perdido sus hogares o atraviesan hoy esta situación tuvieron o tienen el deseo de cumplir con las condiciones que le permitan mantener su hogar”.

Por ello, propone que se busquen soluciones para renegociar los términos de las hipotecas y recuerda que “varias jurisdicciones de EE. UU. y otros países han explorado formas de enfrentar esta situación”.