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La configuración de alianzas público privadas (APP) es una estrategia de gerencia gubernamental que ha demostrado ser exitosa en situaciones relacionadas con proyectos nuevos para los cuales el gobierno no cuenta con los fondos necesarios para su construcción. La empresa privada aporta el capital requerido, se hace cargo de la fase operacional y recupera su inversión mediante cargos por el uso de la obra. No obstante, en casos donde se privatiza una operación rentable, es indispensable salvaguardar el interés público y realizar un análisis económico donde se evalúe de forma comparativa los ingresos que se generarían bajo la situación actual contra los beneficios que se obtendrían  producto de la otorgación de la APP. La transacción relacionada con el aeropuerto Luis Muñoz Marín cae bajo esta última categoría.

El análisis económico demuestra que la transacción no contribuye al interés público y es un mal negocio para Puerto Rico. En términos de mejoras permanentes la oferta presentada, por el Consorcio es inmaterial. Consiste de 1.4 billones a ser invertidos en el término de 40 años. No obstante, el contrato establece que todos los gastos de mejoras permanentes que realice el Consorcio les tendrán que ser reembolsados. Los ingresos provendrían de los cargos del “Passengers Facilities Charge” y de las asignaciones federales (“Airport Improvement Program”), los que estarían disponibles a la Autoridad de los Puertos (AP), si estos se mantuvieran operando el Aeropuerto LMM. De haber alguna deficiencia, la AP tendría que sufragar la misma.

En términos operacionales, durante el año 2011, el aeropuerto LMM generó un ingreso operacional neto, ascendente a $58.5 millones. El valor presente de esta anualidad, por un término de 40 años, bajo el supuesto de una tasa de inflación de 3% y utilizando una tasa de descuento del 5%, asciende a $1,600 millones. Por su parte, el valor presente de la oferta realizada por el Consorcio asciende a $ 731.1 millones, lo que tan solo representa un 46% del flujo de efectivo operacional que se pierde al otorgar la concesión del aeropuerto LMM. La pérdida neta que experimentará el pueblo de Puerto Rico, de aprobarse esta transacción, es de $ 869.2 millones.

Por otra parte, la concesión de la APP tendría un impacto devastador sobre la situación fiscal de la AP. De aprobarse la transacción, sus ingresos operacionales disminuirían en 58.4% mientras que los gastos operacionales solo se reducirían en 20.9%. La transacción afectaría las finanzas de la Empresa convirtiendo el superávit operacional actual de $21.1 millones en un déficit operacional ascendente a $37.4 millones anuales. Las operaciones del aeropuerto LMM es una de las pocas actividades rentables que ella administra. Las ganancias que esta actividad genera, subsidia las operaciones marítimas y la de los aeropuertos regionales. De aprobarse esta transacción, las finanzas de estas operaciones estarían en precario y se afectarían los planes de desarrollo de estas facilidades, limitando así el potencial de desarrollo económico que ellas representan para el País.

El trasbordo aéreo y portuario de mercancías y pasajeros hacia las Antillas Menores, el Caribe y Centro y Sur América, desde las antiguas bases Ramey y Roosevelt Roads y el puerto de las Américas en Ponce, ha sido identificado como unas de las mayores oportunidades de negocios que tiene Puerto Rico para insertarse en el ámbito global y poder superar la crisis económica actual. El contrato firmado entre el Consorcio y el Gobierno de Puerto Rico contiene unas cláusulas monopolísticas que impiden que el aeropuerto regional, ubicado en la antigua base naval Roosevelt Roads de Ceiba, se certifique como aeropuerto internacional en los próximos 20 años. Además, prohíbe que nuevas líneas aéreas comiencen operaciones, durante los próximos 15 años, en los aeropuertos regionales de Aguadilla y Ponce. Estas cláusulas contractuales, limitan las posibilidades de desarrollo de las antiguas bases Roosevelt Roads y Ramey, así como las del puerto de las Américas como polos de desarrollo económico del País.

Fuentes: Administración Federal de Aviación, Reporte 127, 2011 y Autoridad de los Puertos, Estado financiero auditado 2011.

La economía de PR lleva seis años consecutivos en recesión. No obstante, el impacto de la recesión ha recaído exclusivamente sobre los sectores vinculados a la economía local. Los ingresos devengados por compensación a empleados y los procedentes de la propiedad de los residentes de Puerto Rico han mermado significativamente durante el periodo recesionario, mientras que los ingresos procedentes de la propiedad de los no residentes y los provenientes de transferencias federales han incrementado a pesar de la crisis económica

De aprobarse la transacción, la economía local perdería cerca de $60 millones anuales, producto de las ganancias que genera la operación del aeropuerto LMM. Estos fondos son utilizados para apoyar las operaciones portuarias y de los aeropuertos regionales y representan gastos en actividades que repercuten en la economía local. Al transferirse estas ganancias a una empresa extranjera, los fondos dejarían de promover nuestra economía local, agravando aún más la crisis económica, lo que aumentaría nuestra dependencia de transferencias de fondos federales e impondría una carga adicional sobre el contribuyente norteamericano.

Fuente: Junta de Planificación de PR, Apéndice Estadístico, 2011-2012

La operación del aeropuerto LMM es una actividad rentable que produce alrededor de $60 millones en ingreso operacional neto al año. Este nivel de rentabilidad ocurre a pesar de las marcadas ineficiencias operacionales señaladas en los documentos de solicitud de cualificaciones de la APP. Esta situación evidencia que la operación del aeropuerto LMM disfruta de una condición de monopolio natural. Según señala el premio Nobel de economía, Joseph E. Stiglitz en su más reciente libro “The Price of Inequality” la privatización de actividades gubernamentales que disfrutaban de rentas monopólicas se ha traducido en una transferencia de los ingresos de la clase media hacia los sectores de mayores ingresos, agravando el problema de inequidad tanto en los Estados Unidos como a nivel global. Los gobiernos venden sus activos a precios muy por debajo de su valor real y luego, las empresas que los adquieren, mantienen altos niveles de rentabilidad ejerciendo el control monopólico adquirido. En situaciones donde una operación constituye un monopolio natural que genera ganancias extraordinarias en virtud de dicho control exclusivo, es aconsejable que el estado mantenga el control y no transfiera las rentas monopólicas a una empresa privada, ya que esto representaría una transferencia de recursos que nada tienen que ver con mejorar la productividad y se traduciría en  un incremento en la inequidad.

En estos casos, otras opciones gerenciales para mejorar la eficiencia operacional deben de ser exploradas.

*El autor es presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico