4 de febrero de 2016

InterNews

La Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) coincidieron hoy en la necesidad de establecer un protocolo de comunicación entre las procesadoras de transacciones electrónicas, sus clientes y el consumidor que a fin de cuentas es quien se ve afectado.

El planteamiento surgió durante la audiencia pública de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, que preside el senador Luis Daniel Rivera Filomeno, en torno a la Resolución del Senado 1321 con el objetivo de investigar el sistema de procesamiento de transacciones electrónicas comerciales.

La situación producida por un colapso de poco más de dos horas del sistema de Evertec ocasionó, según el presidente de Centro Unido de Detallistas (CUD), Rubén Piñero Dávila, pérdidas a los comerciantes de entre 200 a 7,000 dólares, siendo las gasolineras y los restaurantes los más afectados.

Piñero Dávila consideró que el problema principal es el por ciento de participación que tiene en el mercado Evertec, en particular en la economía de Puerto Rico.

“No es una cacería de brujas, los comerciantes confiamos en Evertec, pero queremos que esto se aclare. Tengo quejas hasta de farmacias porque los clientes tuvieron que esperar por sus medicinas debido a la falla”, dijo el presidente del CUD sobre la falla ocurrida el pasado 9 de enero.

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez Rubio, expresó en la audiencia que no tiene “la información de los protocolos individuales, porque a pesar de que el banco ofrece la transacción, el banco subcontrata al procesador”.

Esta situación dejó a miles de consumidores imposibilitados de hacer transacciones electrónicas con su dinero o utilizar tarjetas de crédito.

Aunque catalogó de atípica la falla, Álvarez Rubio aseguró, al comparecer a la audiencia que investiga las causas de la falla en el sistema de la compañía Evertec, que fue inaceptable el tiempo de duración del llamado apagón de Evertec.

“El tiempo de recuperación fue demasiado extenso; a pesar que fue por dos horas, para un cliente, para un comerciante, fue demasiado tiempo”, expresó la vicepresidenta de la ABPR en las vistas públicas.

El secretario del DACO, Nery Adames, no pudo precisar que el protocolo de comunicación exista entre banco y clientes.

En cuanto a las tarifas que fijan las procesadoras por el trámite electrónico, el DACO sugirió que se lleve a cabo una investigación de la que participen la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.

“Es menester examinar las tarifas que cobra la o las compañías que ofrecen los servicios a los comercios y proveedores de servicios en Puerto Rico por el trámite de pago electrónico, para verificar si están ofreciendo tarifas razonables”, precisó Adames.

El senador Rivera Filomeno solicitó a la Asociación de Bancos que entregue en un periodo de cinco días laborables una lista de los protocolos existentes y cuáles son los procesadores subcontratados entre las instituciones bancarias que tienen bajo su tutela.

“Queremos validar con la OCIF el tema de las tarifas y atender la predominancia en el mercado y de lo que algunas personas llaman monopolio con la Oficina de Asuntos Monopolísticos, que mañana nos tendrá que decir si existe alguna investigación, si en efecto se debe investigar, si se cumple o no con los parámetros de un monopolio”, dijo el senador por Carolina.

Rivera Filomeno afirmó que “mañana tendremos una radiografía más amplia respecto al tema que estamos investigando”.