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  Por el libro
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31 de mayo de 2015

Servicios Combinados

Los accionistas de Caribevision Holdings Inc. se reunirán con el empresario televisivo Omar Romay este lunes en las instalaciones de América TeVé/Canal 41, en Hialeah Gardens, para conocer los planes de Pedro Roig, el interventor de esa televisora local.

El encuentro entre los accionistas demandantes y Romay ocurrirá tres días después de que Roig asumiera formalmente las riendas del canal junto con un equipo de contadores y abogados.

“En esa reunión pienso dar un informe de lo que hemos hecho en estas horas en que iniciamos el proceso [de intervención del canal]”, dijo Roig el sábado a el Nuevo Herald. “Pero además informaremos sobre los planes que tenemos para los próximos días”.

Caribevision y Romay se unieron en el 2009 en un acuerdo de partes iguales para transmitir programas de televisión en español en Miami, Nueva York y Puerto Rico. Pero dos años después Caribevision demandó a Romay en lo que los documentos judiciales describen como un “divorcio corporativo”, y lo acusaron de malos manejos financieros así como de dirigir el consorcio de manera unilateral.

Tras la reunión con los accionistas programada para el lunes a las 2 p.m., Roig planea reunirse con los empleados del canal para transmitirles “un mensaje que calma y de estabilidad”.

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Un tribunal de circuito del condado Miami-Dade ordenó que un interventor tome las riendas de la televisora local América TeVé/ Canal 41, tras una batalla legal entre los dueños Omar Romay y Caribevision Holdings Inc, que aún está pendiente en las cortes. El viernes el abogado Pedro Roig llegó a las instalaciones del canal, en Hialeah Gardens, acompañado de un equipo de contadores y abogados para empezar a administrar la corporación.

Roig, quien entre el 2003 y el 2010 dirigió la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) - Radio y TV Martí, enfatizó que su objetivo es que los trabajadores del América TeVé entiendan que su presencia como interventor está encaminada a asegurar el buen funcionamiento de la empresa mientras se resuelve el litigio entre los accionistas de Caribevision y Romay.

“Es natural que en un principio haya existido temor por la presencia de un interventor, la palabra tiene ciertas connotaciones que pudieran interpretarse negativamente, pero en este caso es todo lo contrario”, aseguró Roig. “Nosotros lo que buscamos es asegurar que esta sea una empresa efectiva, una empresa viable”.

El abogado de Caribevision, Marcell Felipe, ha dicho que la designación del interventor apunta a prevenir la toma de decisiones unilaterales de Romay que puedan afectar a la televisora.

El sábado, a través de un mensaje de texto enviado a un reportero de el Nuevo Herald, Romay expresó su rechazo a afirmaciones e insinuaciones que calificó de “falsas e inexactas”.

Romay reiteró en ese mensaje su compromiso a trabajar “privilegiando siempre en beneficio de la compañía, fuente de trabajo de destacados profesionales”.

Entre los accionistas de Caribevision que se espera acudan a la reunión con Romay se encuentra Emilio Braun, uno de los directivos que en febrero del 2013 habría sido sacado con agentes de seguridad de una reunión de la Junta Directiva de la corporación.

De acuerdo con los documentos judiciales, Romay logró controlar la Junta Directiva y se declaró dueño mayoritario. Poco después nombró a cuatro familiares directos como miembros de la Junta.

Roig explicó que su designación como interventor fue oficializada a principios de mayo por la jueza Mónica Gordo, tres días después de una audiencia judicial en el que las partes litigantes llegaron a un acuerdo en este aspecto. Sin embargo, el inicio de sus funciones demoró más de tres semanas debido a que los demandantes tardaron en cumplir con el pago de un bono de garantía de $2.5 millones.

La batalla judicial habría escalado ante la subasta que en enero del 2016 realizará la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos del ancho de banda de cuatro televisoras que operan en Puerto Rico y que le pertenecen al consorcio. Se estima que la cotización inicial de estas sería de $130 millones.

“Queremos que en este primer encuentro quede claro que todos los socios corporativos tienen el derecho de acceder a las instalaciones de América TeVé”, recalcó Roig. “Al mismo tiempo insisto en que queremos que los empleados sepan que estamos trabajando en función de mantener la eficiencia y estabilidad financiera de la empresa”.