Lcdo. Javier A. Echevarría Vargas
En estos momentos me encuentro ofreciendo una conferencia de Derecho en la ciudad de Salzburgo, Austria, que gira su temática con respecto al Derecho Europeo. Personalmente lo que me ha resultado más impactante es la preeminencia que ha adquirido la disciplina jurídica del Derecho del Consumidor. Vemos como países de toda Europa se dirigen con fuerza al reclamo de una fuerte presencia del Estado al momento de proteger a los ciudadanos realizando transacciones para la adquisición de bienes y servicios. Esa visión ha trascendido Europa e incluso alcanza países fuera de la región europea como África del Sur, Estonia, Rusia y Canadá. El comentario común entre todos estos juristas de renombre mundial es que en cada uno de sus países está surgiendo con mucha fuerza está temática de profundo valor social.
Desde la perspectiva personal resulta impactante como en Puerto Rico hemos sido mundialmente pioneros en identificar la imperativa necesidad de reconocer la necesidad de una política pública de protección de derechos del consumidor, mientras que estos múltiples países del mundo han reconocido esa obligación proteccionista con posterioridad a nuestro Ordenamiento Jurídico. No obstante, el desarrollo que ellos han experimentado en estos últimos años ha sido acelerado y amplio, mientras que existe la percepción de que en nuestro país languidece.
La política pública adoptada por el Estado se ha dirigido a educar a los ciudadanos con relación a sus derechos cuando actúan en su capacidad de consumidores. Ello responde a la realidad de que las personas deben tener amplios conocimientos con relación a sus prerrogativas. Para cumplir con esa política pública se han creado diversos mecanismos que van desde la creación de Secretarías de Educación, reclutamiento de personal especializado en el tema pedagógico de la educación, asignación de partidas presupuestarias a ese renglón, participación en los medios de comunicación y otros múltiples formas para materializar esos objetivos como la presencia de los funcionarios públicos en la vida colectiva de nuestra sociedad.
Obviamente ello surge de la realidad de que los recursos económicos del Estado se han ido reduciendo por lo cual existe menos capacidad para el reclutamiento de personal técnico en la calle, lo que tienen que ser sustituido por un consumidor conocedor de sus derechos. Pero de nada serviría conocer cuáles son los nuestros derechos como consumidor si no existe un efectivo mecanismo para materializar esos derechos.
Como cuestión de hecho esa es la realidad en cualquier situación imaginable. Ningún derecho -por significativo e importante que pueda parecer- es real si no existe la forma de validarlo. Podemos incluso pensar en los derechos más sacros, como podrían ser los derechos constitucionales, pues ellos no significarían absolutamente nada si no hay una forma que reconocerlos. Así, los derechos serían una mera ilusión si no existe una forma de hacerlos realidad. Ilustrar al consumidor sobre sus derechos no sería productivo si eventualmente la estructura adjudicativa no valida los derechos investidos en la ciudadanía. La aspiración de “educar”, sin la vocación de “validar” sería una débil e intrascendente metáfora.
Somos pioneros en la defensa de los consumidores. No debemos renunciar a los méritos y la responsabilidad que ello significa para el mundo, pero principalmente para nuestros conciudadanos.
