28 de mayo de 2018

El Vocero

El Departamento de Justicia local analiza la recomendación del juez federal Gustavo Gelpí para unirse como amigo de la corte en el caso del ciudadano José Luis Vaello Maduro, un exresidente de Nueva York que se radicó en Loíza y a quien el Seguro Social le reclamó que devolviera más de $28,000 de los pagos que recibía por incapacidad, al no informar que se había mudado a la Isla, en donde se reciben menos beneficios de ese programa.

“El Departamento de Justicia analiza la recomendación del juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpí, para unirnos como amigos de la corte en el caso US vs Vaello Madero, entendiendo que será de beneficio para todos los puertorriqueños. Igual consideración hemos tomado en el caso Segovia vs United States of America, radicado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos con un reclamo similar por trato desigual”, señaló la titular de la agencia, Wanda Vázquez, en declaraciones escritas.

El 22 de mayo, Gelpí hizo un llamado al gobierno de Puerto Rico para que se uniera como amigo de la corte en este pleito.

La semana pasada, Gelpí rechazó una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para desestimar el caso.

En su orden, Gelpí señala que Vaello Madero “está retando la constitucionalidad del trato desigual que reciben los residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos desde el 1898, en lo que concierne a los beneficios de salud”.

Señala que Vaello Madero le solicita al Tribunal Federal que revise las decisiones del Tribunal Supremo de EE.UU. en los casos Califano v. Torres, 435 U.S. 1 (1978) y Harris v. Rosario, 446 U.S. (1980). En ambos casos el gobierno de Puerto Rico no participó como amigo de las partes. Sin embargo, ambos procesos presentaban un gran impacto en la desigualdad de los beneficios que se han dejado de recibir en la Isla por las pasadas cuatro décadas.

Igualdad en Medicaid y Medicare

Entretanto, en abril pasado el gobierno de Puerto Rico figuró como codemandante en el pleito incoado por el Centro de Salud de Puerto Rico “Med Centro” y beneficiarios de Medicaid y Medicare.

“Med Centro” alega violaciones de los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses residentes en la Isla en relación al otorgamiento de los fondos de beneficencia social.

Esta demanda fue radicada en enero pasado por los abogados Ignacio Oswaldo Coll e Ignacio Fernández.

El recurso legal alega que el tratamiento de disparidad en los fondos para la Isla en los programas Medicaid, Medicare y del Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), es discriminatorio, “vulgar, conspicuo y escandaloso”.

Asimismo, los demandantes, alegan que el Departamento de Salud Federal viola la cláusula de Igual Protección.

Estos solicitan que se emita una sentencia declaratoria de que las prácticas y políticas del Departamento de Justicia federal, viola la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

A su vez, piden una orden de interdicto para que se le requiera a los demandados a remediar las violaciones constitucionales y que declare que los ciudadanos estadounidense residentes en Puerto Rico están sujetos a las mismas obligaciones y derechos a estos programas federales como los demás estados.

Exponen que a los ciudadanos estadounidenses que residen en la Isla se les impone el peso de una tarifa secundaria por la disparidad en los fondos de los programas Medicaid, Medicare y CHIP.

Plantean que la disparidad de los fondos de salud afecta directamente a los ciudadanos más vulnerables: los pobres, los envejecientes y niños no privilegiados económicamente.

Afirman que esta disparidad de fondos afecta también a los proveedores de servicios de salud y a los pacientes.