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En un comunicado de prensa, el ingeniero Ramos Hernández explicó que el ajuste al arbitrio del petróleo propuesto establecerá la base legal para transferir la deuda a la AFI y liberar a la ACT del correspondiente servicio a la deuda. Además, permitirá resolver la necesidad recurrente de efectivo de la ACT, lo que viabilizará adelantar la obra pública de infraestructura vial tan necesaria e importante para el desarrollo económico de Puerto Rico.
“La ACT tiene programados para culminar en los próximos meses proyectos ascendentes a $323 millones. No obstante, si no pasa la medida se daría al traste con esa planificación pues no tendríamos la capacidad económica para operar”, dijo el Director del ACT.
Entre estos proyectos se encuentran las mejoras en la intersección de la PR-18 y PR-21 de San Juan con una inversión de $16.1 millones para el desarrollo del Centro Comprensivo de Cáncer; la construcción del último tramo de la PR-9 en Ponce a un costo de $45.5 millones; la repavimentación de la PR-17 y PR-181 entre San Juan y Trujillo Alto por $10.5 millones; las mejoras al sistema de semáforos y seguridad de varios municipios desde la salida PR-22 en Hatillo hasta la PR-112 en Isabela a un costo de $7.5 millones; y las mejoras a la PR-1 desde la PR-199 hasta el Viejo San Juan por $7.4 millones; entre otros.
Así también se detendrían los proyectos a subastarse, cuya inversión está estimada en $144 millones. Entre estos se encuentran la rehabilitación de la PR-30 en Humacao, la repavimentación y mejoras geométricas en la cuesta del Guajataca entre Quebradillas e Isabela, la construcción de la extensión de la avenida Degetau en Caguas, la reconstrucción de la PR-763 en Caguas, las mejoras a la PR-1 y la construcción de la rotonda en Cayey, la construcción de la PR-158 en Cayey, la reconstrucción de varios kilómetros de la PR-3 entre Humacao y Yabucoa; y el reemplazo del puente sobre el río Guayanilla en la PR-3336, entre otros.
Ramos reconoció que para la ACT es esencial mantener el estatus de “grantee” federal para viabilizar proyectos que están actualmente en el proceso de permisos federales, tales como el sistema de transporte colectivo en el corredor de Caguas a San Juan, y la conversión a expreso de la PR-22 entre Hatillo y Aguadilla.
“Si perdemos el status de “grantee” federal ante el Federal Transit Administration (FTA), se perderían además cerca de $90 millones. De estos $15 millones se utilizan para el mantenimiento del Tren Urbano. Los restantes $75 millones se utilizan por los municipios, entidades sin fines de lucro, e iglesias para adquirir vehículos para transportar a la gente que sirven”, advirtió el Director de la ACT.
Ramos destacó que la agencia está trabajando en establecer los controles fiscales que le permitirán operar dentro de sus capacidades económicas.
“Ya tenemos legislación aprobada para integrar la operación del Tren Urbano a la recientemente creada ATI. Esto reducirá significativamente los gastos de operación y administración del Tren que hasta ahora lo sufraga la ACT”, dijo el funcionario.
Sostuvo que en los pasados meses la administración de la ACT ha avanzado en la relación con las agencias federales tras la aprobación de una millonaria cantidad en “Toll Credits” que facilita a la corporación el acceso a los fondos federales asignados para la infraestructura sin la necesidad del pareo estatal.
Ramos Hernández declaró que trabajan para atender las deficiencias identificadas en pasadas auditorías con acciones como maximizar el reembolso de nómina mediante fondos federales y abrir a subasta un sistema de peaje electrónico que producirá ahorros operacionales sustanciales.
