17 de agosto de 2016

El Vocero

En medio de la emergencia fiscal que ha decretado el gobierno, la legislatura incluyó entre las asignaciones presupuestarias bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) una partida millonaria a la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, que preside el hermano del gobernador, el licenciado Antonio García Padilla.

La asignación de $1,000,000 se incluyó en el proceso de negociación entre ambos cuerpos legislativos en el comité de conferencia, luego de que profesores de Derecho y miembros de renombre como el juez federal Juan R. Torruella le solicitaron una aportación al presidente de la comisión de Hacienda en el Senado, José Nadal Power.

Nadal Power explicó a este rotativo que los juristas que integran esta entidad están tratando de rehabilitar un edificio histórico detrás del Tribunal Supremo de Puerto Rico para usarlo de sede.

Se trata del “Templo del Maestro”, ubicado en Puerta de Tierra, construido en 1935, que albergó a la Asociación de Maestros por décadas.
El Municipio de San Juan cedió el arrendamiento del edificio a la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación hasta 2045 por un costo de $1, según el registro de la Oficina del Contralor.

Con la firma de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto y del licenciado García Padilla, el contrato justifica que el Municipio no tiene planes futuros para la propiedad, que requiere de “inversión económica e importantes trabajos de rehabilitación” luego de años de abandono. También afirma que la proximidad a la Biblioteca del Tribunal Supremo, el Capitolio y el Archivo General de Puerto Rico “facilitará la labor científica, investigativa y de asesoramiento que lleva a cabo la Academia”.

La propiedad, antes perteneciente al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), le fue transferida al Municipio a inicios del cuatrienio de Alejandro García Padilla “para desarrollar proyectos de beneficio a los residentes y visitantes de la comunidad, que contribuyan al desarrollo socioeconómico”, reza el documento.

A un año de firmado el contrato de arrendamiento, no se ha podido hacer la transferencia. La Academia tiene siete meses restantes para comenzar los trabajos de mejora y rehabilitación conforme a lo exigido por la Oficina de Asuntos Legales del Municipio.

El senador Nadal Power, del Partido Popular Democrático (PPD), justificó que “es una entidad que agrupa a juristas importantes de Puerto Rico”. “A pesar de ser una de las instituciones académicas más prestigiosas, nunca han tenido un lugar (propio)”, mencionó.

La Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación fue fundada en diciembre de 1985 por el fenecido juez José Trías Monge, quien fuera secretario de Justicia y Juez Presidente del Tribunal Supremo. Desde entonces, la Universidad de Puerto Rico le ha provisto un espacio en la Escuela de Derecho para el descargue de sus funciones, según dispuesto en el convenio de cooperación suscrito por el entonces presidente de la UPR, Fernando E. Agrait.

El exgobernador por el PPD, Rafael Hernández Colón, firmó incluso una orden ejecutiva en la cual le concedió el reconocimiento oficial del Gobierno de Puerto Rico a la Academia y le exhortaba a aportar a “la renovación de nuestro derecho”. Durante ese período, la institución -dirigida por Trías Monge y que contaba con el mayor de los García Padilla como secretario- comenzó a trabajar un proyecto de Reforma del Código Civil. Sin embargo, el Código Civil no ha sido sustituido desde 1933.

Tras tres décadas de su fundación, la Academia ha vuelto a resonar bajo la presidencia de García Padilla, pero esta vez por la investigación de las becas presidenciales de la Universidad de Puerto Rico, que redundó en la remoción de seis funcionarios universitarios de sus puestos de confianza, en medio de cuestionamientos de favoritismo y nepotismo en la selección de candidatos.

El licenciado Carlos Pagán Cuebas, director ejecutivo de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, fue uno de los becados que más controversia causó por su cercanía a García Padilla, expresidente de la UPR y decano emérito de la Escuela de Derecho.
Pagán Cuebas también es asesor legal de la Sociedad Económica Amigos del País, donde García Padilla ocupa el puesto de director ejecutivo.

En el informe de las becas presidenciales, se menciona a García Padilla como una de “las personas muy poderosas”, que estaban ejerciendo presión “desde arriba” para otorgar una beca presidencial de $40,000 a Pagán Cuebas. Esa alegación carece, sin embargo, de evidencia al ser desmentida por la Vicepresidenta de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras, Palmira Ríos, a quien se le atribuyó.

La beca de Pagán Cuebas estaba fijada a una plaza de bibliotecario docente en la Escuela de Derecho, que sirve de sede a la Academia.
Esta Academia tiene también entre sus miembros a las exjuezas Liana Fiol Matta y Lady Alfonso de Cumpiano y al exjuez Salvador Casellas; así como a abogados distinguidos como Antonio Escudero Viera, Carmelo Delgado Cintrón, Demetrio Fernández Quiñones, José Julián Álvarez, Carlos Ramos González y Harry Padilla Martínez.

EL VOCERO intentó comunicarse a la Oficina del director ejecutivo y la auxiliar administrativo de esta entidad, pero no contestaron la llamada.