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El fracaso en poder implantar un plan anticrimen por parte de la administración de García Padilla es secundado por el disloque de prioridades en la Uniformada, según señaló el representante Héctor Torres Calderón al mostrar un memo de la Policía de Puerto Rico en el que se le llama la atención a un oficial por la baja productividad al emitir, lo que consideran, una baja cantidad de multas de tránsito.

“La prioridad en la Policía de Puerto Rico debería ser hacer sentir a la ciudadanía segura al brindarles protección, perseguir el delito, sin embargo, ello no debe ser óbice para que éstos, en aras de aumentar su producción, se tiren a la calle a violentarle los derechos civiles del Pueblo de Puerto Rico”, expresó el pasado presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara en un comunicado.

A tales efectos, el legislador dijo que radicó la Resolución de la Cámara 954, para realizar un estudio sobre la legalidad del sistema, presuntamente implantado desde la Policía de Puerto Rico, de medir la productividad de los agentes del orden público, a base de la cantidad de boletos que por diversas infracciones, éstos le impartan a la ciudadanía durante sus horas de labor.

Explicó que la medida tuvo su origen en un documento firmado por el teniente Francisco Santiago Andino, director de la División de Patrullas de Carreteras de Guayama, en el que le inquiere a un agente del orden público sobre cuáles son las razones que pesan para que en determinada cantidad de horas trabajadas solo haya expedido un número mínimo de boletos por infracciones a la ley de tránsito y por qué no realizó intervenciones por embriaguez.

Asimismo, el legislador indicó que de la comunicación expedida se puede desprender que la baja producción de emitir boletos por parte del agente quebranta las “instrucciones impartidas” y la “política de trabajo del Señor Superintendente de la Policía”, y que ello, infringe “la labor por la que fueron nombrados”. Sin embargo, en ninguna parte de la Ley 53-1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996”, se dispone que la producción del agente del orden público se basará en la cantidad de boletos que este emita a la ciudadanía.

Torres Calderón recordó que a pesar de lo prometido en campaña por el ahora gobernador García Padilla de presentar un plan anticrimen, el cuál seguimos esperando luego de 16 meses, la Isla atraviesa una ola criminal que pone de manifiesto la necesidad de alterar o adoptar nuevas estrategias para combatirla.

El legislador por el Distrito Número 12, que comprende los pueblos de Morovis, Manatí, Vega Alta y Vega Baja, le hizo un llamado al presidente cameral para que se atienda dicha resolución a raíz de su expresada preocupación por los temas de seguridad de país, así como la RC 953 que persigue las causas de la aparente alza en la criminalidad en las inmediaciones del barrio Almirante Sur del Municipio de Vega Baja.