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El mayor reto de las agencias fiscalizadoras del país en tiempos de crisis fiscal es detener el aumento en la incidencia de fraude, según estudios de la Asociación de Examinadores Certificados.  

No obstante, el gobierno en su lucha por aprobar un presupuesto balanceado, le ha atestado un duro golpe a las agencias fiscalizadoras del país, al reducirles su presupuesto. El lunes, la mayoría de los jefes de esas agencias objetaron los recortes.

La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, aseguró que esa agencia ya no tiene margen para seguir soportando recortes a su presupuesto sin afectar la lucha contra la corrupción, y catalogó como un duro golpe la reducción de $700,000 para un total de $9.5 millones.

La OEG ha operado con el mismo presupuesto por seis años y los constantes aumentos en costos operacionales tienen el efecto de reducir recursos. Rosario solicitó que se mantenga el presupuesto de $10.2 millones inalterado.

“La OEG no fue consultada sobre la propuesta reducción y tampoco se efectuó un análisis cualitativo del efecto devastador que este recorte en los recursos ocasionará en nuestras iniciativas preventivas y fiscalizadoras”, afirmó.

Se quejó de que hay 17 agencias que verán aumentos en su presupuesto y unas 12 cuyo presupuesto se quedará igual o similar.

Desde marzo, la OEG ha estado colaborando en la reforma de la policía para identificar adiestramientos cónsonos con las necesidades de la Uniformada.

El mayor reto de la OEG al oponerse a la reducción es que la agencia tiene que mantener un buen sistema tecnológico que brinde apoyo al sistema de presentación electrónica de sobre 10,000 informes financieros que se reciben y manejar la auditoria de los mismos.

Por su parte, la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, se quejó que su asignación de $43 millones ha sido la misma por los pasados ocho años, que con el alza en costos refleja una reducción de $3.2 millones. A pesar de eso, la oficina emitió el año pasado unos 144 informes y este año espera emitir 160 informes de auditoría.

Aunque la oficina ofreció sobre 4,000 orientaciones, dijo que “la administración pública sería mejor si los responsables de administrar las agencias y entidades gubernamentales tomaran en cuenta los informes de la Oficina del Contralor e implantaran nuestras recomendaciones”.

Valdivieso advirtió que la propuesta fusión de agencias no reduce el trabajo de la entidad sino que lo empeora. “Tendremos que examinar cómo la fusión afecta la estructura de control interno, principalmente la segregación de deberes…y ver cómo las entidades que se fusionan cumplieron con la ley el reglamento”, dijo.

Además, dijo que la reducción llevará al Contralor a solicitar una extensión para llevar a cabo ciertas auditorias y que eso se les notificó a los presidentes de ambos cuerpos.

Mientras, la Oficina del Contralor Electoral, cuyo presupuesto para el 2014-15 es de $3.8 millones, tiene que terminar las auditorías de ingresos y gastos para las elecciones del 2012, cuya fecha de límite de publicación es el 6 de noviembre.

Según el comisionado electoral, Manuel Torres, en el segundo semestre del año fiscal se dispone comenzar un programa de pruebas de comprobación de informes con visitas a los municipios para que los auditores puedan fiscalizar el financiamiento de campañas.