29 de agosto de 2018
El Vocero
Rodríguez recordó que a los acusados los cobija la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
La jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó ayer que un gran jurado acusó a 11 personas por cometer fraude contra el Seguro Social, lo cual representó una pérdida de $728,000 al sistema que beneficia a más de 900,000 personas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
El caso fue investigado por el Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA-OIG, por sus siglas en inglés), la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y el Negociado de la Policía de Puerto Rico.
Los siete pliegos acusatorios fueron aprobados entre el 23 y el 24 de agosto, explicó la fiscal federal en conferencia de prensa.
Rodríguez detalló que diez de los acusados enfrentan cargos por robo de propiedad del gobierno, falsos testimonios al declarar discapacidad y ocultar al Seguro Social su capacidad para trabajar.
Los diez acusados por falsos testimonios y la cantidad de dinero que obtuvieron ilegalmente del Seguro Social son: Evelyn Morales Calderón y Víctor Soriano Morales (hijo de Evelyn Morales), $190,110; Mario Zayas Rodríguez y Elvin Santiago Rodríguez (patrono de Zayas), $118,098; José Alcázar Román, $97,004; Alvin Alvelo Crespo, $92,101; Abraham Burgos Torres y Karla Burgos Colón (hija de Abraham Burgos), $90,335; Nelson Concepción Santana, $41,261 y Wanda Rivera Martínez, $41,204.
Mientras que la trabajadora social Teresa González Hernández, otra de las acusadas, enfrenta cargos por fraude electrónico contra el Seguro Social. La cantidad de dinero de la que esta se apropió de forma ilegal es de $57,947.
González Hernández trabajaba en un hogar para deambulantes en San Juan y abrió una cuenta bancaria conjunta con un beneficiario del Seguro Social. De la acusación se desprende que la víctima falleció el 19 de noviembre de 2010 y que la trabajadora social no lo notificó al Seguro Social para continuar recibiendo los beneficios.
Las regulaciones de la Administración del Seguro Social sugieren que para otorgar el beneficio por incapacidad, la persona debe probar que está incapacitada e incluir una prueba médica. Además, el solicitante tiene que demostrar que carece de capacidad para trabajar en cualquier empleo que aporte a la economía del País.
En el caso de Puerto Rico, el diagnóstico principal para otorgar la incapacidad son las enfermedades mentales, expuso la fiscal especial auxiliar del Seguro Social encargada del caso, Vanessa Bonano Rodríguez.
Acusado cometió otros delitos
Mientras tanto, el acusado Alvelo Crespo también fue imputado de fraude al Medicare y por reclamos fraudulentos a la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) tras la crisis humanitaria que desató en la Isla el huracán María.
La jefa de al Fiscalía federal indicó que Alvelo Crespo recibió $8,545 de Medicare a base de reclamos fraudulentos. Los beneficiarios del Seguro Social son elegibles a recibir Medicare después de cumplir dos años recibiendo el beneficio por incapacidad y es de esta forma que, según la fiscalía, se produce el delito.
En cuanto al cargo por reclamos fraudulentos a FEMA, trascendió que Alvelo Crespo notificó falsamente que su ingreso familiar combinado previo al desastre de María era de $9,264 y que la vivienda ubicada en Almirante Norte en Vega Baja era su residencia principal cuando el fenómeno atmosférico pasó por la Isla.
Según las autoridades, el ingreso real de la familia de Alvelo Crespo era superior a $9,264 y la casa ubicada en Vega Baja no era su residencia principal al momento del huracán. El acusado recibió $500 para asistencia de necesidades críticas; $14,282 para asistencia de reparación del hogar; $10,431 para asistencia de propiedad personal y $1,486 para asistencia de alquiler, para un total de $26,699.
“Desafortunadamente el sufrimiento humano y la desgracia siempre les dan espacio a unas personas que quieren aprovecharse y cometer fraude en relación a esas desgracias porque traen la oportunidad de mucho dinero que se va a conceder a personas que son realmente necesitadas”, expresó Rodríguez a preguntas de EL VOCERO.
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan un máximo de 10 años por defraudar el Seguro Social, 10 años por fraude al Medicare, 20 años por fraude electrónico y 30 años de cárcel por fraude en conexión con un desastre natural o beneficios de emergencia.
