21 de mayo de 2018

El vocero

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió para la consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley sobre Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico.

Este proyecto, que proviene del False Claims Act federal, crea un mecanismo de recobro civil en aquellos casos donde se identifique que hubo reclamaciones falsas al gobierno de Puerto Rico. Estas reclamaciones, serán atendidas por la Unidad de Control de Fraude al Medicaid en el Departamento de Justicia.

De acuerdo al secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón L. Rosario Cortés, la creación de esta oficina asegura la asignación de $1,200 millones en fondos federales para la Isla.

“Con esta ley, nos uniremos a 49 estados y a Washington D.C. como las jurisdicciones que cuentan con unidades dedicadas para atender el fraude al programa de salud Medicaid. La detección a tiempo de esta conducta será positivo para los beneficiarios de este programa, ya que asegura la disponibilidad y continuidad de estos fondos”, expresó el titular de Asuntos Públicos y Política Pública.

Con la Orden Ejecutiva 2017-12, el gobernador encaminó la política pública de atender el problema de fraude en Medicaid.

Rosario Cortés añadió que “con la presentación de esta medida, cumplimos con los requisitos necesarios para poder ser recipientes de fondos federales adicionales, al comprometernos a fiscalizar y procesar a aquellas personas que utilizan incorrectamente el Medicaid”.

“En febrero de este año, el gobernador junto a la comisionada residente, Jenniffer González, lograron una asignación histórica de $4,900 millones para los sobre 600,000 beneficiarios del programa Medicaid, lo que permite que se financie totalmente el programa Mi Salud por los próximos dos años sin requerir fondos estatales que se han visto afectados por la crisis fiscal y la emergencia provocada por los huracanes el año pasado. De esta cantidad en fondos federales para la salud, $1,200 millones están condicionados a tomar los pasos afirmativos como la presentación de esta medida”, abundó el secretario.

También, en abril se anunció la implantación del primer Sistema para el Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, por sus siglas en inglés), lo que para el gobierno representa un logro para el cumplimiento de Puerto Rico con los requerimientos federales.

El proyecto permite y promueve para que denunciantes o whistleblowers puedan informar cualquier acto fraudulento contra el gobierno. De denunciar algún acto fraudulento, el denunciante podrá obtener parte de la cantidad recuperada por el gobierno.

El gobierno federal, gracias a este sistema, ha recuperado $31,900 millones de dólares desde 2009 hasta 2016.

“En la actualidad, 30 estados tienen leyes estatales de reclamaciones fraudulentas. La ejecución y el procesamiento de estas reclamaciones consistentemente redundan en la recuperación de millones de dólares al fisco. El gobierno local podrá recobrar, en coordinación con la ciudadanía, fondos que de otra manera se hubiera perdido por causa de fraudes”, indicó Rosario Cortés.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, indicó que “la radicación del presente proyecto es satisfactoria para la creación de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid en el Departamento de Justicia. La erradicación del fraude es prioridad en la agenda del gobernador y del departamento, pues somos conscientes de las repercusiones que esta conducta nefasta tiene en los servicios de salud y, sobre todo, en el programa Medicaid”.

Por su parte, la jefa de fiscales, Olga Castellón Miranda, sostuvo que “el contar con una unidad especializada en el procesamiento criminal de reclamaciones fraudulentas permitirá que estos asuntos sean atendidos eficientemente y promoverá el recobro al erario de fondos destinados a la salud del pueblo que desafortunadamente son desviados por algunos proveedores de servicio para su lucro personal”.