The Wall Street Journal
MADRID—Los fiscales españoles están preparando demandas colectivas en nombre de los pequeños ahorradores que tienen acciones preferentes en los bancos locales. Las acciones legales se producen en un momento en que la Unión Europea se dispone a exigir que las atribuladas entidades impongan pérdidas a los tenedores de bonos subordinados y acciones preferentes como condición para recibir fondos de rescate.
Los fiscales acusan a los bancos de promocionar estos valores como inversiones seguras cuando los vendieron. Si los tribunales fallan a favor de los clientes, los contratos de venta serían anulados y los bancos tendrían la obligación de devolver el dinero.
Cerca de 120.000 pequeños ahorristas españoles están expuestos a los bancos nacionalizados del país. Entre un conjunto de condiciones ligadas al paquete de rescate por cerca de 100.000 millones de euros (unos US$123.000 millones) de la UE, los titulares de bonos subordinados, muchos de los cuales poseen acciones preferentes, tendrían que asumir pérdidas en sus inversiones y, de esta manera, compartir la carga con los contribuyentes.
El problema es que en lugar de vender estos valores a sofisticados gestores de fondos, los bancos españoles se los vendieron a sus propios clientes, muchos de los cuales son jubilados y trabajadores de clase media. Muchos inversionistas dicen que no estaban al tanto de los riesgos que acarreaban estos instrumentos.
La venta de estos valores permitió a los bancos apuntalar su capital mientras hacían frente a las pérdidas relacionadas a la crisis inmobiliaria y a requisitos de solvencia más estrictos. La dependencia de los pequeños inversionistas contribuyó a exacerbar los problemas en el sector bancario al permitir que las instituciones no reconocieran sus pérdidas. Conforme la crisis se intensificaba y los bancos quebraban, esos ex depositantes tuvieron que asumir enormes pérdidas.
Los bancos buscaron como inversionistas a personas como Roberto Coloret, un vendedor de 74 años que ahorró cerca de 20.000 euros antes de jubilarse hace unos años. Luego de recibir varias llamadas, acudió en octubre pasado a la sucursal de Novagalicia Banco, y acordó la compra de valores que pagaban intereses más altos. Meses después, se dio cuenta que era dueño de acciones preferentes.
La desconfianza de los españoles hacia sus bancos está en aumento. Una reciente encuesta del instituto de sociología CIS mostró que la situación de la banca es una de las principales preocupaciones de la población, por encima del grupo terrorista vasco ETA, la educación y el crimen.
"Los tribunales españoles tienden, en general, a fallar a favor de los inversionistas en estos casos", señala Juan Ignacio Sanz, profesor de derecho de la escuela de negocios ESADE, de Barcelona.
