Fiscal General de New Jersey

NEWARK - La Oficina del Fiscal General y la División de Asuntos del Consumidor del Estado ponen una demanda en contra de seis compañías de muebles y los dos hombres que las operaban, porque alegan que los consumidores pagaron por mercancía que no recibieron o no era lo que pidieron, entre otras violaciones.

Los clientes de estas compañías no recibieron los reembolsos, y en algunos casos, no se les dijo que los muebles que habían pedido estaban descontinuados, según la Demanda del Estado de ocho cargos puesta en la Corte Superior del Estado en el Condado de Union. En otros instantes, los cheques que mandaron a los consumidores fueron rechazados por el banco por falta de fondos.

“No se tolerará la alegada decepción y engaño de estos demandados,” dijo el Fiscal General Jeffrey S. Chiesa. “Los consumidores fueron defraudados del dinero que ganaron con tanto trabajo, y estamos trabajando para obtener restitución y hacerlos responsables.”

Los demandados nombrados en la demanda son: Lev Stanik, de 45 años de edad, de Rahway, N.J., y Roman Tyger, de 45 años de edad de Brooklyn, N.Y. Ellos operaban los siguientes negocios de muebles: LaFlat Inc., LaFlat Group, Inc.; LaFurniture & Design Ltd.; LaFurniture Corp.; LaFurniture Group, Inc.; y Tyger Furniture alias TG Furniture Group.

Los negocios estaban localizados en Rahway, Ridgefield, Lyndhurst, Fair Lawn y Edison. Las transacciones también fueron hechas a través de varios sitios webs que los demandados operaban.

“Los muebles son un gasto de importancia, y a los 39 consumidores que han reportado quejas hasta hoy les deben más de $100,000,” dijo Eric T. Kanefsky, Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor del Estado. “A través de esta acción esperamos recuperar el dinero y parar a estas compañías para que no defrauden a otros consumidores.”

La Demanda del Estado dice que los demandados violaron el Acta de Fraude para el Consumidor a través de las siguientes acciones:

• No cumplir con la fecha específica de entrega;
• No reemplazar los muebles no pedidos o defectuosos;
• No entregar los muebles;
• No dar los reembolsos;
• Cargar a los consumidores incluso después que los pedidos fueron cancelados;
• No exponer los precios de ventas;
• Emplear tácticas de “cebo y cambio” (bait-and-switch); y
• No exponer la política de devolución.

También se alega que las regularizaciones de prácticas de pedidos por correo y de publicidad fueron violadas.