El pleito por incumplimiento de contrato, que se dilucidará hoy en una vista en la sala 904 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, destapa varios elementos de este proceso de inspección de furgones. Entre ellos, que se escogió a un postor que costaba $15 millones más caros que el postos más económico, que la salida del exdirector de la AP, Álvaro Pilar, pudo estar relacionada con este proceso y que el exdirector de campaña del comisionado residente Pedro Piuerluisi y esposo de la principal ayudante de la Primera Dama, Andrés Guillemard Noble, tenía un contrato como cabildero con la firma que se llevó el negocio de inspección de furgones.

Los demandantes, Tactical Operational Support Services Puerto Rico, LLC, y Tactical Operational Support Services, LLC., identificados por sus siglas, TOSS, acusan a S2 Services Puerto Rico, LLC; S2 Global, Inc. y Rapiscan System, de haber ignorado un acuerdo para la distribución de ganancias una vez se les otorgara el contrato por parte del gobierno, que significó años de gestiones y cabildeos.

TOSS, corporación establecida en la Isla en el 2005 para ofrecer servicios relacionado a seguridad, consultoría y otros sobre el desarrollo de mercados para principales que distribuyen o venden productos y servicios de seguridad, alega que inició ese año una relación de negocios con Rapiscan, corporación de California que se dedica a la manufactura o venta de productos de seguridad.

En el 2006, TOSS se convirtió en representante exclusivo de Rapiscan en Puerto Rico con el objetivo de concretizar gestiones para obtener clientes gubernamentales para la venta de los productos y servicios de Rapiscan, incluyendo equipo para el registro y "scan" en los puertos de entrada de la Isla.

Sin embargo, en el 2008, Rapiscan compró la operación de S2 para que se dedicara a ser el brazo operacional para vender sus productos de seguridad, contratar y proveer mano de obra para la operación y revisión de "scan" en los puertos, adiestrar para el uso y coordinar el mantenimiento de los equipos.

Comoquiera, TOSS llegó a un acuerdo con S2 y Rapiscan para que se le pagara una compensación económica por servicios en el evento de que S2 ganase una subasta para la venta de productos de Rapiscan al Gobierno de Puerto Rico, lo que en efecto sucedió. TOSS se adjudica la responsabilidad de esfuerzos y gestiones para que S2 ganara la subasta y suscribiera un contrato con la Autoridad de los Puertos (AP) para la venta de los productos de Rapiscan, proveer servicios operacionales, adiestramientos y mantenimiento de los equipos.

De acuerdo con los demandantes, sus esfuerzos durante años permitieron que S2 y Rapiscan tuviesen la habilidad de generar ingresos millonarios, pero "Rapiscan ignoró y no ha compensado a TOSS por sus esfuerzos y/o gestiones como su representante exclusivo. Por otro lado, S2 una vez suscribió el contrato con la Autoridad, incumplió el acuerdo y no ha brindado compensación alguna, según contractualmente pactado", lee la demanda.

Ahora, TOSS pide compensación de no menos de dos millones de dólares por daños producto de violación a la ley de contratos de representantes de ventas e incumplimiento doloso. Interesa además que el tribunal dicte una sentencia de interdicto preliminar ordenando a Rapiscan cumplir con las obligaciones contraídas, desistir de conducta torticera y compensar a TOSS por la venta de equipos y productos a la Autoridad como parte de la subasta adjudicada en favor de la subsidiaria S2.

Surge que en enero de 2011, la administradora de TOSS, Esther Martínez-Hayes, envió una ponencia para que fuera incluida como parte de la audiencia pública que se llevó a cabo el 21 de enero de 2011 en el Frontier Pier sobre el nuevo sistema de regulación para la inspección de furgones.

Martínez-Hayes detalla todas las gestiones realizadas por TOSS en su intento por ofrecer servicios al gobierno de Puerto Rico como representantes exclusivos de Rapiscan en la isla.

Contrario a lo que finalmente la AP contrató con S2, TOSS promovía un concepto de seguridad integrada dirigido a la implementación de software de asesoramiento inteligente sobre riesgo. Esto, establece, permitiría el libre flujo de los contenedores mientras se identificaban aquellos que deberían ser sometidos a un escrutinio más específico.

En vez, se optó por el proyecto que actualmente se está implementando para escanear el 100 porciento de los furgones con la tecnología de Rapiscan.

Cuenta, además, que representantes de TOSS tuvieron varias reuniones con representantes de Rapiscan y con el director de la AP para aquel entonces, Álvaro Pilar, quien en una ocasión les dijo que los demás pujadores no ganarían la subasta.

En su comunicación, Martínez Hayes llama la atención sobre "factores sospechosos que deberían motivar una investigación sobre el proceso de subasta": la remoción de Álvaro Pilar de su posición como director ejecutivo de la AP; la demanda sometida por la compañía Global Inspections contra la Autoridad por irregularidades en el proceso de subasta, la falta de un estudio sobre la viabilidad de un proyecto para escanear el 100 por ciento de la carga que llega a a Isla y el hecho de que se le concediera el contrato para el escaneo a S2 Global Rapiscan a un costo estimado de 15 millones de dólares al año por encima del pujador más cercano.

Resalta también un aparente conflicto de interés por la participación del licenciado  Guillermard-Noble, quien había sido contratado por Rapiscan para apoyar "los esfuerzos de cabildeo" para el proyecto de seguridad en el puerto de San Juan. 

De hecho, surge de otro documento, que tanto Guillemard-Noble como Álvaro Pilar estuvieron presentes durante la firma de un acuerdo de confidencialidad entre S2 Global Inc y Tactical Operacional Support Services sobre su relación de negocios y para compartir entre sí información confidencia.

Este acuerdo se firmó por el vicepresidente de TOSS, John Hayes, y por el vicepresidente de operaciones de S2 Global, Jonathan Fleming, antes de que surgiera la disputa que ahora está ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

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