El Vocero
El proyecto que propone cobrar cinco centavos adicionales por cada refresco o botella de agua con el fin de devolverlo si la botella es reciclada fue ayer objeto de cuestionamientos, sobre todo de la forma en que operará este mecanismo y cómo se incentivará al consumidor a devolver estas botellas.
La agrónoma Maribelle Marrero Vázquez, vicepresidenta de Conwaste, cuestionó del saque que el proyecto no tenga un análisis del costo que representará implementar este proyecto. Marrero Vázquez dijo estar a favor del reciclaje y aseguró que carga en su cartera botellas para ser recicladas, pero insistió en cuestionar el mecanismo que se usará para implementar la medida y dijo que “no queremos que una buena medida fracase por falta de análisis”.
“El ser humano responde a castigo o recompensa. Si le da el mismo trabajo echar todo mezclado, lo va a hacer. Pero si se le da opciones, como pasar otro camión de reciclaje, pueden hacerlo bien”, dijo Marrero Vazquez. “Existe el gran volumen de material que se pierde en actividades, en restaurantes porque la fiscalización es flaca, deficiente. Esta ley puede ayudar significativamente a capturar ese material, pero necesitamos identificar cuánto cuesta y cómo va a ser el mecanismo”.
Marrero Vazquez compareció ayer a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara donde se discute el proyecto que impondría una tarifa de cinco centavos al comprar una de estas bebidas. Ese dinero luego sería reembolsado cuando el recipiente se devuelve para ser reciclado.
Uno de los autores del proyecto, el representante popular José Báez, rechazó que se trate de un nuevo impuesto, como han argumentado las organizaciones de comerciantes que se oponen al proyecto.
Marrero Vázquez presentó el ejemplo de que una libra de plástico con la clasificación de uno, que es el de las botellas de agua y otras bebidas, se paga a 14 centavos la libra. Para llegar a esto, harían falta 18 botellas, lo que representa que la ganancia es de menos de un centavo por cada botella.
Recordó además que no son muchos ahora los centros de reciclaje ni la capacidad que tienen para recibir y revender este material.
Marrero Vázquez coincidió con Báez al opinar que esto no implica un impuesto adicional a los consumidores porque el dinero sería devuelto para incentivar el reciclaje.
“Es un cargo por manejo de un material. Esta no debe ser la única medida que se haga, hay otras iniciativas”, dijo.
Pero el representante novoprogresista Waldemar Quiles insistió en que la medida será un impuesto adicional para los consumidores.
“Esta medida la veo como un impuesto más. Si todo el mundo que utiliza el envase lo lleva lal centro de reciclaje, se le devuelve el dinero, sería inoperante porque no habría recursos para el gobierno, pero como eso no es así, va a ser un impuesto adicional”, dijo Quiles.
Báez, por su parte, insistió en que esta medida, así como la que busca eliminar las bolsas plásticas, son medidas educativas en pro del ambiente.
“Son grandes retos y creo que no todo el mundo entiende. Son grandes retos sociales que en otras jurisdicciones han sobrevivido. Tiene que ver con la educación de la comunidad y son asuntos culturales. Puede ir a algún estado y se le hace más fácil no usar la bolsa plástica y creo que son medidas que requieren mucha educación, pero si no lo hacemos, no podemos seguir esperando que siga pasando el tiempo”, dijo Báez.