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El ente encargado de velar por el cumplimiento del plan de ajuste fiscal, propuesta con la que el gobernador apuesta a revitalizar la economía del país, le costará al pueblo la suma de un millón  de dólares al mes, según se desprende del proyecto para esos fines que envió ayer el primer mandatario a la Legislatura.

“En o antes del quinto día de cada mes, el secretario de Hacienda transferirá un millón de dólares a la junta para cubrir los gastos operacionales, tales como la compensación de sus miembros, gastos de personal, servicios profesionales y de consultoría, seguros y otros servicios a ser provistos por a o en nombre de la junta”, lee la pieza enviada a la Cámara de Representantes.

El documento de 71 páginas que detalla las labores de la denominada Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica, exige que el grupo someta durante los primeros 90 días de cada año fiscal un informe de sus gastos, salarios y contrataciones.

Entre los trabajos encomendados a la junta, está el “revisar y aprobar el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, requerir a ciertas entidades gubernamentales presentar sus presupuestos anuales a la Junta para que esta determine si dichos presupuestos cumplen con el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, supervisar el cumplimiento con los presupuestos aprobados e imponer ciertos mecanismos de control de gastos”.

Además, podrán “modificar las cantidades a asignarse anualmente al Fondo de Emergencia y restringir el uso del mismo” y “crear un fondo especial para el pago de reintegros y cuentas por pagar a los suplidores del Gobierno y prohibir la creación de fondos presupuestarios sin una fuente identificada de ingresos”.

La junta estará conformada por cinco miembros que tendrán que ser personas con, al menos, 10 años de experiencia, en vez de 15, en las finanzas, administración, derecho, economía o la administración de negocios o entidades gubernamentales. No obstante, uno de los miembros tendrá que poseer conocimiento sobre el Estado Libre Asociado.