3 de enero de 2020

SinComillas

La falta de vivienda asequible para la población de ingresos bajos y moderados se ha convertido en un problema social de grandes dimensiones a nivel nacional en Estados Unidos y Puerto Rico. Se ha estimado que la escasez o brecha de oferta (“supply gap”) alcanzado alrededor de 7.2 millones de unidades para familias de bajos ingresos, según la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos.  Esta situación corresponde a que en E.U. existen 11.2 millones de hogares de inquilinos cuyo ingreso es extremadamente bajo (30% de la mediana), lo que representa el 9.5% de los hogares. Todo este cuadro se ha complicado aún más ante los grandes desafíos presupuestarios que ha tenido que enfrentar el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del Gobierno Federal (HUD) en los pasados años.

En el caso de Puerto Rico, la situación resulta ser más severa por los altos niveles de pobreza (44%), la depresión económica y la quiebra fiscal. Además, los daños causados por los Huracanes Irma y María, que destruyeron cerca de 70,000 viviendas, también han contribuido a que la escasez de viviendas asequible sea una de gran magnitud en la Isla.

A base de los datos de la Encuesta Americana de la Comunidad de Censo de E.U (EAC), el 28 % de los hogares en Puerto Rico tenían ingresos extremadamente bajos. Si tomamos los datos de la EAC, estimamos que en la Isla existe una escasez de alrededor de más 20,000 unidades de viviendas (“supply gap”) para familias de ingresos bajos y moderados (30%-80% de la mediana). Cabe indicar que antes de los Huracanes Irma y María cerca de 8,000 familias estaban en listas de espera de Sección 8.

Ante esta cruda realidad objetiva, la alternativa de política pública debe estar dirigida a estimular la oferta de vivienda para alquiler en Puerto Rico. Durante la presente década (2010-17) la demanda total por alquiler en la Isla aumentó en 13.8%, una tasa de 2% anual. Es por tal razón, que es necesario que de los $1,500 millones en fondos asignados por HUD del programa CDBG al Gobierno de Puerto Rico, se tenga como prioridad ser complementados con los créditos contributivos (“Low Income Housing Tax Créditos”) que provee el Código de Rentas Internas Federal (Sección 42) para financiar viviendas de alquiler a familias de bajos ingresos. Gracias a estos incentivos contributivos que son administrados por la Administración de Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFVPR), hoy más de 20,000 de familias y envejecientes cuentan con una vivienda asequible y digna.

Esperamos que sea una resolución del Año Nuevo del Gobierno de Puerto Rico reactivar estos programas y canalizar estos fondos para estimular la oferta de unidades de alquiler y así poder proveer una vivienda digna y segura a tantas familias que la necesitan. Además, siendo un año electoral, las plataformas de los partidos políticos deben contemplar iniciativas específicas y de vanguardia para atender este complejo problema social que nos aqueja.

• El autor es economista y profesor del Departamento de Economía y la Escuela de Administración Publica de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.