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Noticel

El esquema fue develado hoy en el diario The Wall Street Journal (WSJ), y consiste en que los números de Seguro Social de puertorriqueños residentes en la isla son robados y son usados para someter planillas con reembolso contributivo.

La trama incluye que se le pagaba a los carteros hast $100 por cada cheque que interceptaran y entregaran a los perpetradores del esquema que, se cree, es una ganga de origen dominicano. Por cada número de Seguro Social legítimo, la ganga pagaba entre $8 y $10.

Las fuentes del diario indican que el IRS detectó que el fraude corre desde al menos 2007 y que el volumen de reintegros por planillas falsas radicadas con números de puertorriqueños es de $5,600 millones. Las fuentes aseguran que, de seguro, de esa cantidad se llegaron a emitir $2,000 millones en reintegros. El reintegro fraudulento promedio es de entre $5,000 y $7,000.

Según el diario, el esquema prosperó porque, como los puertorriqueños residentes en la isla no pagan impuestos federales, el IRS asumía que cuando un "puertorriqueño" comenzaba a radicar planillas federales de la nada, era porque se acababa de mudar a Estados Unidos continentales.

El esquema se ha ido descubriendo y rompiendo con algunos casos criminales en los tribunales federales de Nueva York, donde han procesado carteros, y actualmente hay investigaciones relacionadas en Massachusetts, Pennsylvania, North Carolina, Connecticut, Florida, Rhode Island, New Jersey, y California. En un caso, aparecieron cheques de reintegros cambiados en Carolina del Norte que eran parte del esquema.

En enero, las autoridades federales realizaron un operativo masivo llamado Island Express con arrestos en Puerto Rico y 20 estados en el que se alegó que había un esquema cuyo fin era obtener documentos legítimos del gobierno de Puerto Rico, como certificados de nacimiento, pero con información falsa. El documento no era falso, pero la información que contenía sí lo era. En aquella ocasión, los representantes del gobierno federal rehusaron detallarle a NotiCel cuál era la involucración del gobierno de Puerto Rico, si alguna, en ese esquema ya que el mismo implica uso de documentos que se supone estén bajo el control de las autoridades locales.