El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Nery Adames, y el senador popular, Luis Daniel Rivera Filomeno, anunciaron hoy varias acciones para evitar que las gasolineras intenten aplicar descuentos en el despacho de combustible para facilitar las transacciones en efectivo, lo que implica sobrecargos para aquellas personas que paguen gasolina utilizando tarjetas de crédito y de débito.
Los funcionarios celebraron una conferencia de prensa de hoy para objetar una decisión de la jueza Rosa N. Russé García, del Centro Judicial de San Juan, que permite que los detallistas apliquen estrategias de rebajas en los pagos en efectivo, práctica que ha sido cuestionada por las autoridades y que se prohibió mediante dos proyectos de ley que fueron aprobados durante las pasadas dos administraciones.
Pero los comerciantes salieron favorecidos por medio de la decisión emitida por la jueza el pasado miércoles y que podría entrar en vigor para mediados noviembre. Adames anunció que apelarán la decisión de la togada, mientras que el legislador Rivera Filomeno radicará un proyecto esta semana que expresamente prohibirá el “doble precio” del combustible.
“Esto representaría un asalto a mano armada para los consumidores. En Puerto Rico se prohibió el sobrecargo con tarjetas de crédito y de débito”, aseguró Rivera Filomeno, quien es presidente de la comisión senatorial de Asuntos del Consumidor.
Los funcionarios aseguraron que en la práctica las rebajas ofrecidas por los detallistas suponían la venta de la gasolina a precio regular, tal y como se reflejaba por el letrero del poste de la estación si la transacción se realizaba en efectivo, mientras se sobrefacturaba si la compra se hacía con una tarjeta de crédito o débito.
Un sondeo realizado por DACO para finales de 2013 en 245 estaciones encontró que en el 82 por ciento de los negocios se aplicaba un cargo adicional de 2 a 8 centavos por litro sobre el precio reflejado en el letrero si la transacción se realizaba con una tarjeta.
“Respetamos la decisión de la jueza, pero vamos a seguir luchando. No estamos de acuerdo con los fundamentos. Vamos a presentar una reconsideración que interrumpiría la decisión de la jueza. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener el estado de derecho tal y como está”, indicó el secretario del DACO.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Detallistas, Luis A. Sepúlveda, aseguró que sus más de 300 miembros han aplicado en el pasado el cargo de tarjeta al precio reflejado en el letrero de los postes y una rebaja si el pago se realizaba con efectivo.
“El planteamiento de DACO ha ido en contra de los intereses del consumidor porque el efecto neto es que el precio de la gasolina aumentó (cuando se prohibieron los descuentos para incentivar las transacciones en efectivo). Ahora con la orden del tribunal podremos ofrecer mejores precios”, dijo Sepúlveda.
Sepúlveda, quien tan reciente como a principios de este mes fue electo para ocupar la presidencia de la asociación, subrayó que los descuentos nunca han sido uniformes, ya que dependen del margen de ganancia que establece el dueño de la estación. Aseguró que las estaciones deben rotular los descuentos que ofrecerán a base de la decisión emitida por la jueza de distrito. DACO recibió la notificación del Tribunal el pasado 8 de octubre y la misma podría entrar en efecto el 19 de noviembre.
“Nosotros hemos sido claros en nuestra posición. Exigimos un precio regular en el poste y ofrecemos un descuento en efectivo que recoge todo lo que sea necesario para un margen de ganancia razonable”, dijo Sepúlveda.
