2 de octubre de 2010
Procurador General de Florida
TALLAHASSEE (FL) – El Procurador General, Bill McCollum, anunció hoy que Florida recibirá un total de $8.2 millones como parte de un acuerdo global con Novartis Pharmaceuticals Corporation (Novartis). Florida, otros estados y el gobierno federal han llegado a un acuerdo, en principio, con Novartis para resolver acusaciones de promoción indebida de Trileptal y participación en esquemas de retornos ilegales para inducir a los médicos a recetar Trileptal, Zelnorm, Sandostatin, Exforge y Tekturna. El acuerdo civil resuelve imputaciones que sostienen que Novartis promocionaba la venta y empleo de Trileptal para ciertas indicaciones que no están aprobadas por la FDA. Si bien Trileptal es un medicamento antiepiléptico, Novartis lo promociona, al parecer, para indicaciones no aprobadas, como el tratamiento del trastorno bipolar y el dolor neuropático. El acuerdo también resuelve reclamaciones de que Novartis proveía compensación ilegal a los profesionales de la salud para inducirlos a promocionar y recetar los medicamentos Trileptal, Diovan, Zelnorm, Sandostatin, Exforge y Tekturna Además, la Fiscalía Federal del distrito este de Pensilvania formuló un cargo de infracción de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos contra Novartis en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. En un acuerdo de culpabilidad con los Estados Unidos, Novartis aceptó declararse culpable y pagar $185 millones para resolver la causa penal. Como resultado del acuerdo civil, Novartis pagará a los estados y al gobierno federal un total de $237.5 millones de indemnización y multas por pérdidas a Medicaid y otros programas federales de atención médica. El valor total del acuerdo civil y penal alcanza los $422.5 millones. Una de las condiciones del acuerdo dispone que Novartis celebrará un Acuerdo de Integridad Empresarial con la Oficina del Inspector General del Departamento Federal de Servicios Humanos y Salud, que ejercerá un control estricto de las futuras prácticas de Novartis. El arreglo resuelve una cantidad de juicios estatales y federales iniciados a partir de denuncias internas, conocidos como juicios "qui tam". Un equipo integrado por la Asociación Nacional de Unidades de Control de Fraudes contra Medicaid, además de un representante del estado de Florida, participó en la investigación.
