20 de agosto de 2010

NJ.gov

TRENTON - La Oficina del Fiscal General y el Departamento del Tesoro anunciaron hoy que el Estado de New Jersey (el "Estado") resolvió una investigación que duró tres años efectuada por la Comisión en Seguros e Intercambio de Estados Unidos ("SEC" o la "Comisión") que se inició en abril de 2007 en relación con la oferta del Estado y la venta de bonos de obligación general de bonos (los "Bonos"). El enfoque de la investigación de la Comisiónse relacionó con la revelación de la información de los fondos de pensiones del Estado en las declaraciones de la oferta de los bonos. El Estado cooperó plenamente con la Comisión durante la investigación.

Para alcanzar la resolución con el Estado, la Comisión inició un procedimiento administrativo y le impuso una orden de cese y desistir (la "Orden" ) en la cual acreditó la cooperación del Estado en la investigación de la Comisión, así como las medidas de corrección establecidas por el Estado para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones antes las leyes de valores federales. Segun los términos de la Orden, el Estado no estuvo obligado a pagar multas civiles o penales. Si bien el Estado no admitió o negó las conclusiones de la Comisión en la Orden, se convino en no cometer o causar cualquier future violación de la Sección 17 (a) (2) y 17 (una) (3) de la Ley en Seguros de 1933 .

De acuerdo con la Orden, la Comisión. encontró que entre agosto de 2001 y abril de 2007, un período en el cual el Estado emitió más de $ 26 mil millones en bonos en aproximadamente 79 ofertas, el Estado actuó con negligencia al no conocer adecuadamente la informacion y documentos de su oferta de bonos en relación con dos planes de pensiones, el Fondo de Pensiones para los Maestros y Anualidades (" TPAF ") y el Sistema de Retiro de Empleados Públicos (" PERS "). Durante ese plazo, entre otras cosas, la Comisión concluyó que el Estado no informó adecuadamente de la información relativa a la legislación adoptada en 2001 (la "Legislación 2001") que aumentaron las prestaciones de jubilación para los empleados y jubilados en TPAF y PERS.

La Comisión también encontró que el Estado no informó en forma adecuada el uso de los fondos de prestaciones ( "FEB") que fueron creados por la legislación de 2001 para financiar los costos asociados con el aumento de beneficios, pero fueron utilizados como crédito contra las contribuciones de financiación del Estado a los planes de pensiones para los años fiscales entre 2004 y 2006. Por otra parte, la Comisión consideró que el Estado no informó de forma adecuada acerca del uso de una "fase-en el plan" que empezó el año fiscal 2004 relacionado con las contribuciones del Estado a TPAF y PERS.

Inmediatamente después del inicio de la investigación de la Comisión respecto a la información de las prácticas de la situación financiera de las ofertas de bonos del Estado en abril de 2007, el Estado divulgó la investigación de la

Comisión en posteriores documentos de bonos. Además, el Estado se comprometió en efectuar sustanciales medidas correctivas, que se exponen en la Orden de la Comisión. Estas medidas correctivas incluyen la información en la contratación de asesores a partir de la primavera de 2007 para asesorar al Estado en una base en relación con sus obligaciones de divulgación conforme a las leyes federales de valores. El Estado también ha mejorado su proceso de divulgación mediante el establecimiento de políticas formales, y procedimientos escritos. Estas políticas y procedimientos que figuran, entre otras cosas, el establecimiento de un comité integrado por altos funcionarios del Tesoro del Departamento, representantes de la oficina del Fiscal General, y la divulgación externa para supervisar el proceso y revisar para luego hacer recomendaciones acerca de la informacion que debe divulgar el Estado.

Desde el inicio de la investigación de la Comisión hasta el presente, ninguna agencia ha rebajado la calificación crediticia Estatal, y el Estado ha seguido haciendo todos los pagos de la deuda requeridos de servicios de los bonos.

La resolución en el asuntod e la Comisión, fue administrada en nombre del Estado por el asistente ejecutivo del Fiscal General, Marc-Fhilip Ferzan; el director de la División Legal Robert M. Hanna; y Susan K. Fischer, Fiscal General Adjunto en la División Legal. El Estado también estuvo representado por la firma de abogados de Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.