4 de marzo de 2011
El Vocero
Durante las vistas públicas efectuadas ante la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes quedó evidenciado que la administración de Farmacias EL AMAL informó sobre el cierre de operaciones a todas las agencias que les otorgan sus licencias: el Departamento de Salud, la DEA y AMSSCA, contrario a la posición sostenida por el gobierno de un desconocimiento total de los hechos. Mohammad Yassim, presidente y accionista principal de A+HC Holdings, Inc., explicó durante su ponencia, que al haber intentado sin éxito la venta de las farmacias y al no tener línea de crédito ni flujo de efectivo, optó por cerrar operaciones, lo cual notificó "personalmente" a las agencias concernientes en términos de sus licencias. No obstante, hasta ayer, el Departamento de Salud insistió en las vistas públicas que no poseen evidencia en sus expedientes del cumplimiento con el reglamento sobre la operación de establecimientos que manufacturan, distribuyen y dispensan medicamentos, el cual estipula se notifique con anterioridad al cese de operaciones. Ante esta incongruencia, la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, María Isabel Vicente, no descartó que en efecto la administración de EL Amal hubiese notificado a Salud, ya que una vez se enteró del cierre de la cadena, el sábado 19 de febrero, intentó comunicarse con dicha agencia sin recibir respuesta alguna hasta el martes 22 de febrero, cuando culminaba el fin de semana largo. "Era evidente que por estar libre el gobierno durante todo ese fin de semana, hicieron caso omiso a la situación hasta que reanudaran sus operaciones poniendo en grave menosprecio la salud y seguridad de cientos de pacientes que carecían de un cuidado de salud que están obligados a garantizar y no lo hicieron", expresó. Según Vicente, el miércoles 23 de febrero es que Salud emite una orden administrativa par autorizar a las farmacias dentro de la red de proveedores de entidades aseguradoras a despachar las recetas a los clientes de El Amal. "La división de Medicamentos y Farmacia del Departamento de Salud falló en no tomar acción inmediata, por lo que fueron negligentes en su responsabilidad primaria que son los pacientes. Por eso entiendo que una vez más es imperante que se enmiende la Ley de Farmacias, de manera que exista una misma manera de operar ante una situación de emergencia", recomendó. Por su parte, la abogada de la Asociación, Arlene D. Villalí, también arremetió contra Yassim al entender que en su actuación pesó más sus intereses particulares para lograr vender bien la cadena, que velar por los intereses de sus pacientes, quienes se quedaron desprovistos de medicamentos. Sostuvo, que un panorama económico tan serio no se logra de un día para otro sino que es una situación de la cual la empresa estaba consciente, sin notificar a las agencias para prevenir el trastoque en la industria. Ante este particular, Yassim sostuvo que las expresiones no están fundamentada en hechos, por lo que son interpretaciones con las que no concuerda, aunque las respeta. Asimismo mencionó, que en esta vista quedó evidenciado una como la complejidad de las regulaciones y la burocracia pueden perjudicar a tantas personas, contrario a lo que hubiese sucedido en los EE.UU. donde al poderse transferir una receta de farmacia a farmacia, en un caso como el del Amal, no se hubiese afectado ningún paciente y el cierre de operaciones hubiese sido casi imperceptible. En un aparte con EL VOCERO, el ejecutivo aceptó que se encuentra en un adelantado proceso de venta de algunas de sus tiendas, las cuales una vez se logre finalmente cerrar el negocio será evaluada la transacción por la Corte de Quiebras, quienes tienen la determinación final. Igualmente admitió que por el momento desconoce a dónde se moverá laboralmente hablando, adelantando que por lo pronto tomará unas vacaciones y posteriormente comenzará a buscar empleo. Estas reacciones se obtienen en momentos en que la Comisión analiza el proyecto de la Cámara 1614, el cual investiga los procesos seguidos por El Amal para su cierre y el impacto adverso sobre los consumidores, así como el incumplimiento a la Ley de Farmacias de Puerto Rico. Igualmente, la Comisión comenzará vistas públicas con miras a lograr enmendar la Ley de Farmacias en la Isla.
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