23 de febrero de 2011
Primera Hora
Dos de las principales compañías de seguridad en Puerto Rico, Capitol Security y Ranger American, llegaron a un acuerdo para realizar investigaciones de otras empresas de su industria que pudiesen haber violado la ley por supuestamente no pagar tiempo extra a sus empleados, emitir los pagos correspondientes del seguro social y el Fondo del Seguro del Estado, ni contar con la autorización de la Policía de Puerto Rico mediante una licencia de "detective privado". Pero la relación entre las dos empresas se enfrió cuando Capitol Security intentó incursionar en la industria de camiones blindados, campo que había sido ocupado por Juan Bravo como presidente de Ranger American y otras dos empresas que también controlaban un segmento significativo del mercado. Durante el juicio que se ventila contra Bravo y el senador Héctor Martínez por actos de soborno, entre otros delitos de cuello blanco, el presidente de Capitol Security, Miguel Portilla, y un ex gerente de Loomis Fargo, Néstor Medina, ofrecieron testimonios sobre la manera en que el ex presidente de Ranger American intentó frenar el desarrollo de sus empresas, acudiendo a las agencias fiscalizadoras, radicando demandas y solicitando nueva legislación. Portilla, cuya compañía emplea a unos 1,600 trabajadores, indicó que Bravo intentó torpedear sus aspiraciones para operar camiones blindados en el 2008 mediante una querella que presentó ante la Comisión de Servicio Público (CSP). La agencia favoreció a Capitol Security, pero Bravo infructuosamente demandó a su competidor ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. A pesar de no ser favorecido por las cortes, Bravo mantuvo otra ofensiva legal contra Loomis, radicando un pleito por ésta haber utilizado la licencia de "detective privado" de un conductor por 15 años para ofrecer el servicio de camiones blindados. Esta vez ganó el pleito, aunque el mismo está siendo apelado por Loomis. Según indicó el ex gerente de Loomis, uno de los proyectos de ley favorecidos por Bravo condicionaba las operaciones de las compañías de seguridad a la obtención de una licencia de detective privado por el gerente general de la empresa y tenía la intención de forzar el cierre de las "compañías foráneas" de camiones blindados en Puerto Rico. Medina precisó que para el 2004 Bravo acaparaba el 52% del mercado, mientras que el 35% lo controlaba Loomis. Las autoridades federales alegan que Bravo les compró unos pasajes a Martínez y al ex senador Jorge de Castro Font, quien se declaró culpable por el mismo caso, de un viaje a Las Vegas en mayo de 2005 para ver la pelea de Félix "Tito" Trinidad y Winky Wright a cambio de que impulsaran un nuevo proyecto de detectives privados y otra medida que establecía un derecho de admisión en los centros comerciales. Portilla indicó que había sostenido una relación estrecha con Bravo hasta que éste intentó impedir que entrara al mercado de camiones blindados, pero aun mantuvieron comunicación en torno a varios asuntos que eran manejados por la Asociación de Empresarios de Compañías de Seguridad, la cual Bravo presidía. La entidad había pagado anuncios en periódicos para denunciar las presuntas operaciones ilegales de algunas empresas de seguridad. El senador Martínez, mientras ocupó el puesto de presidente de la Comisión de Seguridad e Integridad Pública, celebró vistas públicas sobre los dos proyectos que se basaron en borradores presentados por Bravo. Pero ante preguntas de la Fiscalía Federal, Portilla indicó que nunca autorizó a Bravo a acudir a una vista en calidad de presidente de la Asociación, como había hecho para una audiencia sobre la Ley de Detectives Privados. El proyecto de ley que establecía el derecho de admisión para los centros comerciales fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes. Antes de que aparentemente recibiera un voto de bolsillo del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, Portilla acudió a una actividad en el restaurante Romano’s Macaroni Grill en Plaza Las Américas en la que Bravo ofreció una presentación de la medida. A la actividad también acudió De Castro Font. "Jorge de Castro Font fue recibido como un héroe o como un dios. Lo recibieron con muchos aplausos, como una persona que tuvo mucho que ver con la aprobación del código (de conducta para los centros comerciales). Bravo lo presentó como la persona que aprobó el código", indicó Portilla. Bravo también le dijo a Portilla "lo mucho que le costó" la aprobación de la medida. "(Bravo) me explicó que le tomó mucho esfuerzo y trabajo, que gracias a De Castro lo había aprobado. Me dijo que yo no tenía ni una idea de lo que le había costado". Por su parte, el ex gerente de Loomis indicó que nunca fue invitado a las vistas que se celebraron en el Senado antes de que fuera aprobado. Durante el juicio se presentó un anuncio de prensa en que una de las vistas para el proyecto de detectives se iba a celebrar el 13 de marzo de 2005, pero ésta en realidad se celebró el 20 del mismo mes. De hecho, Medina se enteró de que el proyecto del Senado se había aprobado cuando acudió a la Cámara de Representantes para participar de una vista de la misma medida que había sido presidida por la representante Liza Fernández. "Nunca me enteré y era un asunto sumamente importante para mi compañía", indicó Medina. Medina explicó con lujo de detalle todas las acciones que Bravo había tomado para forzar el cierre de la empresa con base en Suecia. Sostuvo que realizó varias conferencias de prensa para denunciar que Loomis operaba sin la debida autorización. Entre el 2008 y 2009, Medina recibió la licencia especial emitida por la Policía, pero éste aseguró que el proyecto de Bravo podía haber provocado el cierre de su empresa. Pero los procedimientos del juicio hasta cierto punto resultaron eclipsados por una vista del magistrado federal Bruce McGiverin, quien ordenó que permaneciera en la cárcel por violar una orden que le impedía contactar a su ex esposa, Lisandra Delgado. "La evidencia es suficiente para establecer la violación a la orden de restricción de un tribunal de Puerto Rico", dijo el magistrado.