21 de febrero de 2011
Primera Hora
Personal técnico de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) detectó 55 casos de hurto de luz e irregularidades en los medidores de electricidad, mientras reemplazaba 840 contadores convencionales por contadores de medición remota en varios sectores y barrios en Cataño, Dorado, Corozal, Vega Baja y Vega Alta, informó hoy el director Ejecutivo de la AEE, Miguel A. Cordero. En el operativo los empleados de la AEE encontraron contadores de luz con sellos de laboratorio y exterior rotos, potenciales abiertos y mecanismos intervenidos, mientras cambiaban los medidores en los sectores Maguayo, Maysonet y El Cotto de Dorado; en los sectores Puente Blanco y Juana Matos, así como en los barrios Palmas y Vietnam de Cataño; en los barrios Palos Blancos y Padilla de Corozal; en los barrios Sabana y Brisas de Vega Baja en Vega Baja; y en el barrio Senegueta de Vega Alta, dijo Cordero. "Seguimos combinando personal y recursos internos para llegar a más sectores, barrios y urbanizaciones, tanto en los campos como en las ciudades, para atacar el hurto de luz que tanto nos cuesta a todos. Para lograr esta meta, además de los operativos y de los trabajos de cambio de contadores, contamos con el sistema de lectura remota que nos permite detectar cambios o variaciones en los patrones de consumo de electricidad. También tenemos la línea confidencial 1-866-664-8783 y nuestra página de internet aeepr.com", expresó Cordero. El Director de la AEE dijo que la corporación pública facturó $30 millones tras la presentación de 7,000 querellas relacionadas con el hurto de energía eléctrica durante los pasados 22 meses. También comentó que en ese período el personal de la AEE visitó 53,000 clientes y estimó que un 14% de los clientes estaban hurtando la electricidad. Cordero recordó que la Ley 162 le permite a la AEE imponer penalidades administrativas de hasta $10,000 a todo el que altere un sistema eléctrico para que no se pueda medir el consumo real de electricidad o viole cualquier reglamento promulgado por la corporación pública. Además, se reclama el pago por el servicio y el pago por los gastos que conlleva el trámite legal y administrativo.
