27 de enero de 2011
El Vocero
San Juan- La Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN) aseguró hoy que se devolverá los derechos anuales pagados de automóviles de lujo supuestamente cobrados de forma ilegal por la pasada Administración. El procurador auxiliar del Ciudadano, Kevin Rivera Medina, lo expresó durante una audiencia pública de la Comisión de lo Jurídico Civil, que preside la senadora Itzamar Peña Ramírez y que evalúa una resolución del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la senadora Norma Burgos Andújar, que ordena una investigación en torno a las actuaciones de varios funcionarios de la administración pasada por el alegado cobro ilegal en los derechos anuales de automóviles de lujo sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Rivera Medina informó que pertenece al comité timón de abogados que está trabajando para encontrar "la manera en que se le devuelva el dinero cobrado ilegalmente a las personas". En el momento en que se recibieron las reclamaciones, la Oficina del Procurador del Ciudadano emitió un informe que indicaba que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el de Justicia violaron las disposiciones contenidas en Ley de Vehículos y Tránsito, incurriendo en el cobro indebido a miles de ciudadanos y por ello el Procurador recomendó la devolución de dichos fondos cobrados en exceso. Por su parte, la senadora Peña Ramírez comentó que "si el pasado Secretario de Justicia estableció que la vigencia de la Ley no era constitucional, quiere decir que el Secretario debió tener claro que el cobro del arancel también era ilegal". "Lamentablemente, el DTOP y el Departamento de Justicia hicieron caso omiso a nuestro informe con sus conclusiones y recomendaciones. La negativa de la administración de corregir su error en dicho momento impulsó a varios ciudadanos a que instaran ante los tribunales de justicia un pleito de clase", indicó Rivera Medina. El Senado señaló que entre los ex secretarios involucrados en esta investigación se encuentran el del DTOP Gabriel Alcaraz; el de Hacienda, Juan Carlos Méndez y el de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, todos funcionarios bajo la administración del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá.