3 de diciembre de 2010
El Nuevo Dia
El Departamento de Justicia radicó cinco cargos criminales contra dos corporaciones relacionadas a la educación por no radicar planillas contributivas y someter planillas fraudulentas. A través de un comunicado, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, explicó que la corporación Priot, Inc. enfrenta tres cargos criminales por evasión contributiva, mientras que la corporación Technical & Academy Learning Institute Corporation enfrenta dos. Los cargos contra esta última corporación fueron sometidos por conducto de su presidenta, Mirna Vélez Martinó. Se indicó que ambas instituciones tienen su sede en Ponce y se dedican a proveer servicios educativos y adiestramientos de capacitación para la obtención de empleos. "La investigación que realizamos reveló que, con la intención de evadir o derrotar la contribución sobre ingresos que imponen las Secciones 1015 y 1016 del Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado, los directivos de PRIOT, Inc. no rindieron las planillas de contribución sobre ingresos correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008, en violación a la Sección 6049(d) del Código", expresó Somoza por escrito. "Las violaciones imputadas a esta corporación tiene como consecuencia la evasión contributiva de aproximadamente $675,258", agregó. En cuanto a Technical & Academic Learning Institute, Corporation, Somoza informó que esta corporación radicó planillas fraudulentas. El delito consiste en que la corporación no informó la totalidad de sus ingresos en las planillas radicadas para los años 2008 y 2009, ello en violación a la Sección 6054(a) del Código. En cuanto a estas violaciones se estima que la corporación no reportó $160,778 al Departamento de Hacienda. Las violaciones a las secciones 6049(d) y 6054(a) del Código de Rentas Internas configuran delitos graves de tercer grado que conllevan una multa equivalente al 6% del ingreso bruto anual de las corporaciones al momento de cometer el delito, suspensión de las actividades de dichas corporaciones, cancelación del certificado de incorporación, disolución de la entidad, suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización, restitución y probatoria para continuar sus operaciones. El juez José D'Anglada Raffucci, del Centro Judicial de San Juan, determinó causa probable en todos los cargos y la vista preliminar quedó señalada para el 16 de diciembre de 2010. La investigación fue dirigida por la fiscal especial Iris Alicia Martínez Juarbe de las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. Las agentes especiales Magda Alemar Pérez, del Departamento de Hacienda, y Edna Cruz Estrada, del Negociado de Investigaciones Especiales del DJ, participaron en la pesquisa.
