29 de noviembre de 2010
Doctorshoper
28 de noviembre de 2010, San Juan - El defensor del los derechos del consumidor Gilberto Arvelo mejor conocido como Doctorshoper hace un llamado al Gobernador de Puerto Rico Hon. Luis Fortuño para que tome acciones correctivas relacionadas con el desempeño del Secretario de DACO Lcdo. Luis A. Rivera Marín debido a su incapacidad de implementar las normas legales de protección al consumidor.
El más reciente incidente es el relativo a las normas de protección en el área de Prácticas y Anuncios Engañosos. Se acaba de aprobar un nuevo reglamento que tuvo el efecto de derogar su propio Reglamento que tuvo menos de un año de vigencia. Eso ha creado una seria confusión en la ciudadanía y en los propios comerciantes que tiene un efecto detrimental en el comercio y en los derechos ciudadanos. Incluso el propio DACO abona a esa confusión pues en la página oficial están anunciados los dos reglamentos. Tanto el Reglamento del 2009 como el Reglamento del 2010 se encuentran accesibles en la página oficial de DACO. Esto es el nuevo Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos entró en vigor el pasado 15 de noviembre de 2010, pero se continúa anunciado en la página de internet están ambos reglamentos.
Todo esto implica que el Secretario ha estado llevando a cabo una campaña de información confusa e inconsistente sobre el nuevo Reglamento. Nuestros señalamientos están fundamentados en que la página de DACO a la fecha de hoy 26 de noviembre del 2010, Día de la Venta del Madrugador, cuando los consumidores visitan la página de Departamento www.daco.gobierno.pr y van a la sección en la portada titulada querellas y activan la misma (hace un click) ello le lleva a una página donde le preguntan sobre el tipo de querella que desea radicar y cuando uno hace un click sobre la opción "Prácticas y Anuncios Engañosos" lo lleva a una página donde al final hay un enlace con el reglamento y cuando uno hace un click para abrir el mismo lo que le sale es el Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos del año 2009 y que se suponía que fuera reemplazado por el de 2010. En otras palabras, el mismo DACO está utilizando su página de Internet para llevarles a los consumidores información engañosa en detrimento del bienestar de los consumidores. Desde el punto de vista legal lo que esto puede significar el que TODOS los avisos de infracciones otorgados por el Departamento hasta el momento podrían ser NULOS. Ello es así pues el potencial infractor puede levantar un planteamiento legal exponiendo que existe unas normas reglamentarias confusas desplegadas por la propia agencia encargada de aprobar, divulgar y fiscalizar su cumplimiento. La obligación legal de DACO es desplegar la información en internet, si tiene dos reglamentos simultáneamente publicados, ello es impropio y no se puede penalizar a un comerciante que obró de cierta forma confiando en la información divulgada por la agencia. "Lo hemos visto en el día de hoy haciendo expresiones públicas sobre imposición de multas e infracciones" señaló Arvelo "Pero la ironía es que el mayor anuncio engañoso es el de él pues está creando un Ordenamiento Jurídico confuso y perjudicial para los consumidores." Si el Secretario no tiene la capacidad de velar que el contenido de la página de Internet de DACO cuál es su herramienta principal para divulgar la información que ministerialmente le corresponde como pretende llevar a cabo una labor de fiscalización efectiva en beneficio de los consumidores y el comercio de Puerto Rico. Si a esto le añadimos que DACO se gastó la cantidad de $42,666 con un contratista para la confección de dicha pagina cuando Fortaleza había dado instrucciones de que todo lo relacionado con el Internet del Gobierno de Puerto Rico debía de hacerse a través de la Oficina de Asuntos Tecnológicos adscrita a OGP para evitar ese tipo de situación ya que en el pasado la página de DACO la trabaja OGP y la actualizaba sin ningún costo al erario. En doctorshoper.com le solicitamos muy respetuosamente al Gobernador a que le ordene a Secretario corregir de inmediato sus errores y rectificar sus acciones ministeriales de manera inmediata pues su comportamiento está lesionando significativamente a los consumidores puertorriqueños.
