2 de noviembre de 2010
El Nuevo Dia
La junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no se ha trazado metas propias para ayudar a cumplir con los objetivos de la institución, concluye el informe final del equipo evaluador de la Middle States Commission on Higher Education. Además, consigna que existe una "relación difícil" entre sus miembros. El informe de 13 páginas, en poder de El Nuevo Día, detalla que la institución no cuenta con canales de comunicación eficaces y que existe una centralización en la toma de decisiones Reitera también la falta de una verdadera participación en los procesos de toma de decisiones. "Señalamos que el requisito de consulta descrito en el estándar 4 (de liderato y gobernanza) va más allá de la simple reunión con varios grupos universitarios", sostiene informe. "Declarar una política de puertas abiertas, no necesariamente implica que esté sucediendo", agrega el documento, que durante dos semanas el presidente José Ramón de la Torre mantuvo "secuestrado", de acuerdo a un grupo de síndicos disidentes. El informe junto a la réplica oficial de la UPR se presentará a la Junta de Síndicos mañana durante una reunión extraordinaria del cuerpo. Esta decisión del presidente De la Torre de retener la divulgación del informe y de ofrecer una respuesta institucional sin la participación de la comunidad universitaria recibió la censura de algunos síndicos. Como se había anticipado, el informe final consigna que la UPR cumplió con el estándar de ofrecimientos académicos, pero no con los de recursos y de gobernanza. El equipo evaluador que visitó la UPR en septiembre, tras colocar en probatoria a 10 de sus 11 recintos, también levantó bandera sobre el proceso de selección del rector de Cayey, Juan Varona. La mayoría de la Junta de Síndicos confirmó a Varona, vinculado al Partido Nuevo Progresista, a pesar del rechazo de la comunidad universitaria. En el renglón de recursos, los evaluadores señalan que no existe un análisis del efectivo en caja a pesar de la importancia del asunto y de que la institución tomó una línea de crédito de $100 millones para financiar los gastos de operaciones. Ante estos señalamientos, el grupo de la Middle States exigió a la institución que muestre evidencia de que la Junta de Síndicos asiste en la generación de recursos y que este cuerpo establecerá un plan de evaluación periódico de sus objetivos. También pide que se tomen las medidas para garantizar la estabilidad institucional en tiempos de transición gubernamental. Sugiere, además, ponderar una política para nombrar al presidente, los rectores y los administradores a términos fijos.
