8 de octubre de 2010

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WASHINGTON (AP) - El presidente Barack Obama vetó un proyecto de ley que la Casa Blanca teme pudiera empeorar los problemas causados por documentos improcedentes o engañosos usados por los bancos en ejecuciones hipotecarias.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo el jueves que Obama enviará la iniciativa de vuelta al Congreso para que sea corregida, porque la versión actual tiene "consecuencias no intencionales en la protección a los consumidores". El proyecto de ley relajaría el proceso para poner un sello notarial a documentos y permitiría hacerlo electrónicamente.

Obama no promulgará una iniciativa que permita que las ejecuciones hipotecarias y otros documentos sean aceptados entre diversos estados. Los defensores de los consumidores y funcionarios estatales habían argumentado que la legislación dificultaría que los dueños de casas impugnaran los documentos de ejecuciones hipotecarias elaborados en otros estados.

La Casa Blanca dijo que el ejecutivo colaborará con los legisladores para hacer correcciones a la iniciativa.

O. Max Gardner, abogado defensor de los derechos de los consumidores que labora en Carolina del Norte, dijo que la iniciativa habría empeorado los problemas que hay con la documentación de los juicios hipotecarios, debido a que las compañías crediticias habrían podrido producir documentos en masa y anexarles una versión digital de un sello notarial, en lugar de hacerlo en papel.

"Podrían procesar más ejecuciones hipotecarias con documentos inválidos o inapropiados y dificultar que los consumidores se defiendan", dijo.

Obama usó un inusual "veto de bolsillo", una táctica para anular una iniciativa que puede usarse sólo cuando el Congreso no está en sesión. En esencia, entra en vigor cuando el presidente no promulga un proyecto de ley en 10 días.

Ha habido un creciente furor al surgir evidencia de que compañías hipotecarias han estado desalojando a propietarios de casas con documentos judiciales improcedentes.

Tres bancos han suspendido algunas ejecuciones en 23 estados luego de que se revelara evidencia de que sus empleados o abogados externos firmaron documentos sin haberlos leído o presentaron documentación inadecuada.