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  Por el libro
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30 de septiembre de 2010

El Nuevo Herald

Los documentos de ejecución hipotecaria de Luis Fernández siempre tuvieron un aspecto sospechoso. Papeles esenciales en relación con su casa de Orlando no tenían fecha, y algunas firmas le parecieron falsificadas. La hipoteca había sido vendida tantas veces --incluyendo una en medio del proceso de ejecución hipotecaria-- que a veces era difícil saber qué compañía estaba tratando de confiscar la casa. Fernández se opuso a la ejecución hipotecaria en los tribunales, pero fracasó.

Ahora, mientras apela su desalojo y trata de recuperar su casa, se ha enterado de que la firma legal que representaba a los bancos está siendo investigada por falsificación de documentos de ejecución hipotecaria. Su expediente fue firmado por Jeffrey Stephan, un procesador de documentos que salió la semana pasada en la prensa por aprobar lo que pudieron haber sido cientos de casos en los que no se se verificó si la ejecución hipotecaria estaba justificada.

Fernández dijo que extraña los tiempos en que los propietarios de viviendas conocían a los banqueros que tenían su hipoteca y podían negociar un compromiso cuando llegaban momentos difíciles. En la actualidad, dijo, es como "pelear contra una máquina'. "Uno se siente solo y aplastado por el sistema', afirmó Fernández, de 59 años, quien no pudo hacer tres pagos mensuales luego de que un ataque al corazón casi arruinó su negocio de tarjetas de felicitaciones.

La historia de Fernández permite un atisbo del laberinto burocrático en que está atrapada su ejecución hipotecaria, entre millones de otras que están tratando de hacerse oír en los tribunales del país, tras la crisis financiera. Es un sistema lleno de documentos dudosos, firmas falsificadas, y, según alegan agentes de la policía de algunos estados, fraude descarado de parte de los prestamistas impacientes por salir de préstamos malos.

A medida que más y más de estas prácticas salen a la luz, el sistema de ejecuciones hipotecarias en su totalidad enfrenta la amenaza de ser detenido. Connecticut, California y Colorado han congelado todas las ejecuciones hipotecarias de un importante prestamista, y otros estados están tratando de decidir si imitarán su ejemplo.

J.P. Morgan Chase congeló el miércoles 56,000 ejecuciones hipotecarias, admitiendo que es posible que algunos empleados hayan firmado documentos sin una revisión apropiada.

El portavoz de Chase Tom Kelly dijo que la compañía pidió a los tribunales que no emitan sentencias en casos pendientes hasta que la compañía tenga tiempo de reexaminar la documentación "para verificar que las declaraciones juradas y otros documentos cumnplen con los estándares de conocimiento personal o revisión en los casos en que se requiera'.

"Aunque Chase no espera encontrar problemas reales y clientes que hayan sido afectados, si encontramos casos en que eso haya ocurrido tomaremos las medidas apropiadas', dijo Kelly.

Otra compañía de hipotecas, Ally Financial --el quinto prestamista en importancia del país-- detuvo el 20 de septiembre los desalojos y la reventa de casas reposeídas en 23 estados. Jeffrey Stephan, a procesador de documentos de la compañía, admitió haber firmado 10,000 papeles de ejecución hipotecaria al mes sin leerlos.

La vasta mayoría de las familias que enfrentan la ejecución hipotecaria no llevan a sus prestamistas a los tribunales. Pero eso podría cambiar, ya que un creciente número de propietarios están presentando demandas y alegando que el proceso es tan defectuoso que ellos tienen derecho a exigir la revisión de sus casos ante los jueces, aunque hayan dejado de pagar.

Los economistas afirman que esta tendencia amenaza con abrumar un sistema legal ya sobrecargado con las consecuencias del colapso del mercado de la vivienda, así como demorar la corrección en el valor de la vivienda que el mercado de bienes raíces necesita desesperadamente para regresar a la normalidad.

Expertos legales dicen que muchos propietarios podrían tener razón en sus reclamaciones, e incluso en algunos casos los prestamistas están retirando documentos de ejecución hipotecaria por miedo a que no puedan resistir una apelación.

Las profundas fallas en el proceso de ejecución hipotecaria se pusieron en claro la semana pasada luego que Stephan, empleado de la unidad de hipotecas de GMAC de Ally Financial, admitió en una declaración jurada haber firmado hasta 10,000 documentos de ejecución hipotecaria al mes sin molestarse en revisarlos. Eso hizo que Ally, que recibió un rescate federal por $17,000 millones y la mayoría de cuyas acciones fueron compradas por el gobierno, congelara los desalojos en 23 estados la semana pasada. Stephan firmó además ejecuciones hipotecarias para cientos de otras compañías de hipotecas, incluyendo J.P. Morgan Chase.

Cada vez se hace más evidente la imagen de una industria --desde los agentes de préstamos en las oficinas locales de los pequeños centros comerciales hasta los titanes financieros de Wall Street-- impacientes por purgar sus libros de hipotecas fallidas. Para acelerar ese proceso, se falsificaron documentos, firmas y testigos notariales, y los responsables de revisar los papeles judiciales nunca leyeron los enormes expedientes que pasaban por sus escritorios a toda velocidad, según abogados y agentes policiales.

Algunos problemas, tales como una firma fuera de lugar o una fecha incorrecta, han sido tratados como tecnicismos de menor cuantía por jueces que sospechan que los abogados de los propietarios están tratando de ganar tiempo para evitar que sus clientes sean desalojados.

Pero abogados y policías en un puñado de estados alegan que han encontrado ejemplos de fraude mucho más serios. Afirman que las compañías a menudo no tenían respaldo legal alguno para desalojar a la gente de sus hogares y usaron documentación falsificada para cubrirse las espaldas. Problemas con las ejecuciones hipotecarias han llamado la atención de los procuradores generales de estados como Texas, Carolina del Norte, Ohio, Iowa, Illinois y Florida, entre otros.

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