28 de septiembre de 2010
El Nuevo Dia
Si el proceso transcurre con normalidad, en dos meses se podrá contar con una lista específica de las personas afectadas por el cargo excesivo a marbetes de autos de lujo. El abogado Frank Torres Viada, indicó que el juez ángel Pagán Ocasio avaló el acuerdo llegado entre las partes para que se constituya un comité de programadores del Departamento de Hacienda y de Trasportación y Obras Públicas para que junto al perito de los demandantes Eliud Flores, experto en sistemas de información, tengan acceso a los bases de datos de ambas agencias. Además el Juez superior expedirá en los próximos días órdenes judiciales a bancos, cooperativas y negocios de venta y alquiler de vehículos de motor para que preserven la información que tengan en sus archivos relacionadas a transacciones de marbetes para automóviles durante los años 2005 a 2007. Esa información será provista a la clase demandante en el pleito de los llamados "marbetes de lujo" para abonar a la identificación precisa de los ciudadanos a quienes se les cobró en exceso. Torres Viada dijo que el juez decidió mantener reuniones mensuales en el caso y citó la próxima para el 29 de octubre. Igualmente, dijo, se dará seguimiento mediante conferencias telefónicas. Durante la vista celebrada el miércoles, el Tribunal estructuró el proceso para que finalmente se ejecute la sentencia dictada hace tres años, explicó el abogado. "Si en el proceso no hay mayores trabas y el Estado Libre Asociado no opone resistencia, en unos dos meses se deberá completar" el proceso de extraer de los bancos de datos de DTOP y Hacienda los nombres de los ciudadanos afectados así como la cuantía en exceso pagada. Con esa información, se decidirá luego de qué manera se habrá de efectuar los pagos a los demandantes. Se ha estimado que las personas afectadas pueden fluctuar entre 50,000 a 80,000 personas; y el cobro en exceso que debería ser devuelto se entiende oscila entre $46 y $60 millones. El caso de los marbetes se originó tras la firma de la Ley 42 del 1 de agosto de 2005, en la que se obligó al DTOP y Hacienda cobrar un pago de marbete más alto a los vehículos cuyo valor de mercado excediera los $40,000.
