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  Por el libro
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23 de septiembre de 2010

Primera Hora

Tras el Tribunal Supremo ordenar la devolución del impuesto cobrado en exceso por los marbetes de los vehículos de $40 mil o más, el Tribunal de Primera Instancia se asegurará de que se cumpla con dicha determinación y se establezca cómo se devolverá el dinero a los miles de conductores que pagaron de más.

El juez ángel Pagán, del Tribunal de San Juan, indicó a los abogados de la parte demandante y a la representante legal del Gobierno que deberán reunirse para acceder al sistema de datos de los departamentos de Hacienda y de Transportación y Obras Públicas para poder conocer a cuántos se les tiene que reembolsar el dinero y cuánto es.

Pagán reiteró que "resolver esto es instrumental" y citó a las partes a vistas de seguimiento mensuales para asegurarse de que así sea. La próxima vista será el 29 de octubre.

El abogado de la parte demandante, Frank Torres, y la abogada del Estado, Claudia Juan García, informaron al juez que se reunieron previamente a la vista de ayer. En la misma, se acordó que representantes de ambas partes evaluarán el sistema de datos de las agencias concernientes para poder tener un número exacto de personas afectadas y del monto por pagar.

Torres destacó que contrataron al perito en sistemas de información Eliud Flores Carrasquillo para realizar el proceso por la parte demandante.

El abogado informó que estiman que se afectaron entre 50,000 y 80,000 personas, y que la cantidad fluctúa entre $40 y $60 millones.

Una vez se determine la cantidad exacta, se decidirá cuál será la forma de repago, si será mediante un plan de pago u otorgando un crédito.

El impuesto especial se ordenó mediante la Ley 42 del 1 de agosto de 2005 bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá. Sin embargo, la efectividad estaba sujeta a la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, lo que no ocurrió.

Acevedo Vilá vetó la resolución, por lo que el Supremo destacó que la ley nunca entró en vigor.

La sentencia reconoce la estrechez fiscal del Gobierno, por lo que determinó que se debe aprobar un plan para que los afectados recuperen su dinero sin afectar demasiado el erario.