15 de septiembre de 2010
El Vocero
Mientras los sectores público y privado pierden millones de dólares al año por el hurto de cobre, la Ley 105 de Metales de 2007, que regula la operación de centros de acopio y establece quién puede vender este material, se mantiene prácticamente inoperante ante el desconocimiento de las autoridades en cuanto a su aplicabilidad. Muchos centros de acopio de metales operan de manera ilegal y la mayor parte de los establecidos no siguen los protocolos que fija la ley. De hecho, no existe un número certero de cuántos de estos centros operan, y la cifra varía de agencia en agencia. La Junta de Calidad Ambiental (JCA), no tuvo disponible ayer tarde el número de permisos concedidos para centros de acopio. En la Policía, según fuentes, el número estimado "supera por mucho los números de la JCA, pero nadie se aventura a dar la cifra". En una reunión reciente del grupo interagencial ordenado por el gobernador Luis Fortuño y comandado por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), por un lado la JCA daba cuenta de un solo centro en la región este y la Policía informaba de siete en la misma zona, indicó la fuente. "La ley como está escrita es muy buena, no hace falta más legislación. La situación es que no se está aplicando", dijo Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Puerto Rico Telephone/Claro, que este año ha perdido $7.2 millones por el hurto de cables que contienen alambres de cobre. El hurto y las averías significan grandes gastos, miles de personas incomunicadas, y la imposibilidad de completar transacciones electrónicas en comercios. Ortiz de Montellano destacó que a diferencia de años anteriores, "en este momento hay buena voluntad para poder trabajar con esto, y eso es positivo". El fiscal del Distrito de Fajardo, José Carrión, quien representa al Departamento de Justicia en el comité interagencial y está encargado de investigar el asunto del cobre, dijo que el problema "es que con la Ley de Metales de 2007, se aumentaron las penas y no todo el mundo sabe cómo aplicarla, incluyendo la Judicatura". Según la ley, solamente pueden llevar metales y cobre a los centros de acopio ingenieros, peritos electricistas, maestros plomeros y técnicos de refrigeración. En el centro debe haber un registro con el nombre de cada persona, número de licencia profesional, una identificación, detallar la procedencia del metal a reciclar y una descripción del material. Carrión aceptó que esto no se está cumpliendo e insistió en que existe desconocimiento de las autoridades. Entre otras cosas, la ley requiere que todos los lunes representantes del centro de acopio envíen copia del registro con las actividades de la semana previa, al cuartel local de la Policía de su jurisdicción, lo cual ocurre poco. "Lo que hace falta es implementar la ley, pero esto conlleva fiscalizar los centros de acopio, no sólo agarrar a las personas en la calle. Esto es una ley que conlleva más trabajo y requiere más labor investigativa", sostuvo Carrión, quien recomendó en el comité interagencial ofrecer adiestramientos a las autoridades para que tomen conocimiento y hagan valer la ley. No obstante, aseguró que se han procesado personas y algunas cumplen penas de cárcel. Entre otras irregularidades, algunos centros llenan sus registros con nombres y licencias profesionales de personas que existen, pero se trata de información que obtienen de manera fraudulenta. Mencionó que en cada centro debe existir un cartel con los puntos principales de la ley, el cual debe suplir la Policía, y estar a la vista de los visitantes. El material hurtado a las compañías telefónicas, a comercios, y a entidades públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica, una vez llega a los centros de acopio, es comprado por una barcaza que llega de República Dominicana y lo exporta a la China, principal consumidor de cobre en el mundo. Carrión, informó que al ser material reciclado que sale de la jurisdicción local, no paga impuestos y "el Departamento de Hacienda no tienen que intervenir". Puertos tampoco tiene jurisdicción, indicó. "Habría que ver si aplican leyes federales una vez sale el material hurtado de la Isla". La fiebre por "el oro rojo" comenzó hace menos de cinco años cuando aumentó el valor del cobre ante la necesidad del metal en el mercado asiático. Datos de la JRT indican que el precio actual de la libra de cobre es $3.45 y hace una década estaba en 75 centavos.
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