13 de septiembre de 2010
Listin Diario
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) detectó una red mafiosa de cuatro empresas y una persona física que de manera fraudulenta contra el Estado dominicano vendía comprobantes fiscales a otras para que éstas se descontaran los impuestos a pagar al fisco. El fraude envuelve un monto global superior a los RD$500 millones. Sin embargo, el monto puede aumentar porque ayer al mediodía ya habían sido detectadas tres empresas más por lo que ahora suman ocho las compañías que se estaban dedicando a la venta de comprobantes fiscales sin ofrecer ningún servicio bajo la asesoría de dos agentes impositivos que han sido agrupados en la red sometida a la justicia y a los que se le solicitó la cancelación de sus licencias para operar, en el Instituto de Contadores y el Colegio Dominicano de Contadores. Uno de estos asesores "ayudaba" a 25 de las 80 pequeñas empresas vinculadas sólo a Dragonfly S.A., empresa principal del fraude en el que se detectaron las primeras cuatro empresas. "Esperamos que se vea que los mecanismos de la DGII no pueden ser vulnerados tan fácilmente"." Germania Montás, directora en funciones de Impuestos Internos. Ayer en rueda de prensa Impuestos Internos y la fiscalía del Distrito Nacional anunciaron el sometimiento a la justicia de Pavel Storkan, un extranjero de nacionalidad checa, como el responsable de la empresa Dragonfly Comercial S.A., que junto a otras vendía números de comprobantes fiscales (NCF) a por lo menos 80 medianas empresas y particulares en una acción fraudulenta, porque a pesar de que estaba legalmente registrada y operaba con su registro mercantil, no vendía nada, ni importaban ningún artículo, ni tiene almacén ni oficina, sino que era sólo un nombre para cometer el fraude. Según las investigaciones el fraude cometido contra el Estado sólo por Dragonfly representa RD$313 millones por facturar sin pagar impuestos. En la misma acción fue sometido ante la justicia Geraldo Matos y Franklyn Peguero, señalaron Germania Montás, directora en funciones de la DGII; y el fiscal del Distrito Alejandro Moscoso Segarra, en la rueda de prensa, junto al subdirector jurídico de la DGII, Roberto Rodríguez y el abogado Luis Miguel Pereyra quienes llevaron el caso a los tribunales. Es el primer caso penal por falsificación de documentos con NCF fraudulentos según dijo Montás, quien agregó que se trata de una asociación de malhechores compuesta por empresas, personas y asesores tributarios. La directora en funciones de la DGII dijo que la empresa Dragonfly se constituyó en noviembre 2008 y a mayo de 2010 no había presentado los documentos fehacientes de los comprobantes fiscales que había emitido, "era una empresa inexistente económicamente porque no tiene almacén, no tiene oficina y sólo tiene un nombre para fines de fraude". La fábrica de hacer facturas, o comprobantes válidos para fines fiscales se constituyó con el único propósito de que otras empresas descontaran esos gastos y redujeran los impuestos a pagar. Moscoso Segarra dijo que la sanción penal, en caso de ser declarados culpables, es de hasta diez años de prisión. Indicó que recibió la denuncia de la DGII el 14 de agosto pasado y que ayer presentaría una tercera medida de coerción contra otra de las personas involucradas. Montás explicó que se trata de un hecho que supera los incumplimientos del ámbito tributario, constituyéndose en una acción deliberada de un grupo de personas y creadores de empresas dedicadas a falsificar documentos, facturas o comprobantes, y por tanto se considera un fraude mayor que se debe tratar en el ámbito penal. El fraude Las empresas facturaban diversos bienes, desde ropa, langosta, materiales eléctricos, equipos de computación, entre otros. El fraude fue descubierto por los medios tecnológicos de la DGII, ya que a dos meses de vencido el plazo de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (en abril de 2010), no se presentaron a pesar de que fueron notificados, situación que dio inicio a la revisión del caso en junio, encontrando que no habían importado nada ni tenían domicilio, y que a pesar de que no declararon impuestos en 2009 habían facturado RD$313 millones. La DGII publicó avisos en la prensa, pero los accionistas se desvincularon de esa compañía, como el caso de una joven que dijo ser "groupier" en un casino de juegos a la que se le había pedido prestada su cédula y otro que resultó ser un empleado. Citó también a las empresas Sanyen Dominicana y a Porfirio Borromeo Jiménez Vargas, así como a Etifix C por A y Siebenstein S.A. A Dragonfly se le impuso un millón de pesos como medida de coerción. LIBERTAN CONTADOR ACUSADO EN EL CASO PROCESO JUDICIAL El juez de la Jurisdicción Permanente del DN dispuso la libertad de un contador acusado de participar en el desfalco al fisco por más de RD$500 millones, a través de la compañía Dragonfly Comercial, mediante la emisión de facturas con transacciones de ventas falsas, para que diferentes empresas soportaran costos y pagos ficticios. Elías Santini Pereira ordenó la libertad de Franklin Peguero Martínez, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5 millones, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción. Peguero Martínez es señalado por Pavel Storkan, propietario de Dragonfly Comercial como la persona que le pidió tres millones de pesos para resolver la deuda fiscal que tenía su empresa con Impuestos Internos y que finalmente lo resolvió por RD$700 mil. Según la acusación, el imputado tomaba facturas que habían sido emitidas por empresas, alteraba los datos respecto al comprador real, así como de los NCF de empresas y las usabas para reportar compras ficticias a favor de otras empresas y clientes.
