11 de agosto de 2010
My Florida Legal
TALLAHASSEE (FL) – El Procurador General, Bill McCollum, anunció hoy que su oficina iniciará acciones legales contra los mayores fabricantes del mundo de pantallas de cristal líquido de tecnología de transistor de película delgada, o "pantallas LCD de TFT", sosteniendo que las compañías conspiraban para fijar los precios de sus productos. Según la demanda civil del Procurador General, que se presentará en el tribunal federal de California, los acusados conspiraron para evitar la competencia y aumentar los precios de las pantallas LCD de TFT, las más comunes que se utilizan en dispositivos electrónicos de uso popular, como monitores de escritorio y de computadoras portátiles, y televisores de pantalla plana. "La competencia genera mejores oportunidades para los consumidores", dijo el Procurador General McCollum. "Se supone que esta conspiración produce una suba artificial e ilegal de los precios de algunas pantallas de LCD y los productos que las contienen a expensas de los floridanos y las entidades gubernamentales". Entre los acusados se encuentran fabricantes muy conocidos de productos electrónicos AU Optronics Corporation, AU Optronics Corporation America, Chimei Innolux Corp., CMO Japan Co., Ltd., Chi Mei Optoelectronics USA, Inc., HannStar Display Corporation, Hitachi Ltd., Hitachi Displays, Ltd., Hitachi Electronic Devices (USA), Inc., LG Display Co., Ltd., LG Display America Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., Samsung Semiconductor, Inc., Sharp Corporation, Sharp Electronics Corporation, Toshiba Corporation, Toshiba Mobile Display Technology Co., Ltd., Toshiba America Information Systems, Inc., y Toshiba America Electronics Components, Inc. Los registros citados por la Oficina del Procurador General indicaban que los acusados, al parecer, organizaron la conspiración en el nivel más alto de sus organizaciones en diversas reuniones secretas y conversaciones telefónicas durante años. El Departamento Federal de Justicia ha acusado a varias de las compañías y sus empleados en el mismo tribunal federal, lo que produjo más de $890 millones en multas penales. La demanda del Procurador General denuncia que las compañías violaron la Ley Antimonopolio de Florida, la Ley Sherman y la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Florida. Las leyes antimonopolios de Florida permiten multas de $1 millón por violación cometida por una compañía. Estas leyes disponen, además, que se indemnice hasta tres veces el monto perdido a causa de la conducta ilícita.
