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  Por el libro
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13 de julio de 2010

Primera Hora

La nueva privatización de operaciones que propone el Gobierno para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) incluiría todas las funciones que llevan a la facturación y cobro del servicio que ofrece la agencia, así como la atención de las solicitudes y las querellas de los clientes.

De acuerdo con la "solicitud de calificaciones" que preparó la AAA para las empresas que puedan estar interesadas en esos contratos, se espera que quienes los obtengan desarrollen, instalen y operen un sistema de lectura remota de contadores.

Otro requisito que tendrán esas empresas es el desarrollo de una base de datos con información actualizada de todos los clientes de la Autoridad.

El documento especifica que el contrato incluirá "la incorporación de tecnología avanzada para las operaciones de la AAA que permitan la lectura remota de contadores, tanto a nivel de distrito como residencial" y "el desarrollo de una nueva y ampliada base de datos del tipo de un catastro de referencia, capaz de identificar todos los clientes de acueducto y alcantarillados de la AAA".

Señala además que el contratista será responsable de "la reingeniería, asunción y operación de las actividades comerciales de la AAA. Otra de las funciones que se le asignarán es la reducción del problema del agua producida y no facturada.

Las demás áreas que se le entregarían a la empresa privada son el "diseño, desarrollo e implantación de una plataforma de Internet para ofrecer servicios comerciales", la lectura de contadores, su instalación y reemplazo; la reparación, reemplazo e instalación de nuevas conecciones; la facturación y el cobro de esas facturas y las "funciones generales de servicio, que incluyen el manejo de querellas, solicitudes y otras".

Se aclara que la AAA mantendrá la subcontratación actual para los centros de llamadas, así como la impresión y envío de facturas, y que las quejas y reclamaciones que no puedan atenderse por el centro de llamadas serán atendidas por la empresa contratada.

El contrato, se adelanta, sería por 15 años y la propuesta es dividir la Isla en tres regiones, con un operador privado distinto en cada una de ellas.