13 de julio de 2010

Primera Hora

La banca hipotecaria desarrollará una campaña pública para educar a los consumidores sobre los mecanismos que tienen para evitar la ejecución de sus viviendas y ampliará sus recursos para atender a aquellos con problemas.

El incremento en la gestión pública de la banca es parte de un acuerdo entre el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Carmelo Ríos, y la Asociación de Bancos de Puerto Rico, se informó ayer.

El arreglo dejó en suspenso un proyecto del senador que, de aprobarse, haría forzosa la mediación una vez iniciado el proceso judicial de embargo.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación, Arturo L. Carrión, explicó que la banca tiene numerosos programas para evitar la ejecución de propiedades y reconoció la necesidad de educar e informar a los consumidores sobre los mismos.

Afirmó que mediante estos programas se han desarrollado mecanismos de mediación extrajudicial con los consumidores antes de que se llegue al procedimiento de ejecución de la hipoteca. La propuesta del senador era forzar esa mediación por la vía judicial.

La campaña hacia los consumidores, se informó, se concentrará en cuñas radiales e invitará a aquellos con problemas a visitar su institución bancaria antes de que la situación se convierta en crisis, ya que hay alternativas.

"La banca ha respondido a nuestras inquietudes y preocupaciones con acciones concretas para atender este lamentable problema", dijo el legislador al hacer el anuncio.

"Hasta el mes de octubre de 2009, ya se habían ejecutado 1,851 propiedades por un valor de $287 millones, y unas 11,347 se encontraban en proceso de ejecución", sostuvo al dramatizar el problema.

"Este año, debido a las condiciones económicas prevalecientes, las familias afectadas deben ser más" advirtió Ríos.

"Las iniciativas de mediación que la banca nos ha presentado y que han establecido hace algún tiempo nos complacen y responden a la necesidad de establecer un diálogo efectivo entre las partes, para que la familia puertorriqueña no pierda su hogar sin tener la oportunidad de buscar alternativas innovadoras para evitarlo".

"Estas alternativas han logrado que las ejecuciones que finalmente ocurran representen cerca del medio por ciento del total de hipotecas vigentes en Puerto Rico", celebró.

Carrión explicó que los problemas de la banca hipotecaria en Puerto Rico obedecen a la debilidad de la economía y al desempleo.

Aseguró que, gracias a los programas de mitigación de pérdidas que maneja la banca, las ejecuciones "son mucho menos que el aumento en la morosidad" en el pago de hipotecas en el país.

Recalcó que la banca trata de evitar la ejecución a toda costa debido a que ese proceso no beneficia a nadie.

Explicó que la banca ofrece varias opciones a los consumidores para evitar el embargo. Mencionó entre éstas la moratoria, planes de pago, refinanciamiento para reducir los pagos mensuales de hipotecas y hasta la disposición o venta de la propiedad en condiciones que reducen la pérdida para ambas partes. Aseguró que en el 80 por ciento de los casos que se refieren para ejecución, no se completa la misma.

Explicó que la Asociación de Bancos se opuso en principio a la propuesta del senador Ríos por entender que el sistema de mediación ya existe y lo está realizando la banca, por lo que no es necesaria legislación adicional sobre el tema.

Recalcó que el principal consejo que puede ofrecer al consumidor es que "no deje que el problema se convierta en crisis". Agregó a ese "consejo" la recomendación de que se entreguen al banco, y a tiempo, todos los documentos que les sean requeridos.

Ríos agregó que, además de la campaña de medios, la Asociación de Bancos se comprometió a establecer en la zona oeste del país otro centro de llamadas para atender a los consumidores con problemas. Al presente, sólo existen en la zona metropolitana, indicó.

Señaló que se ofrecerá además entrenamiento adicional a los empleados que atienden estos centros y recordó que si el consumidor no queda satisfecho con el trato que recibe, puede querellarse ante la Oficina del Comisionado de Instituciones Finacieras (OCIF).