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  Por el libro
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22 de junio de 2010

Primera Hora

El presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara, Pedro Cintrón Rodríguez, anunció hoy, lunes, que dicho cuerpo aprobó por unanimidad un paquete de siete proyectos de ley dirigidos a "salvar" el mercado de vivienda de la crisis que ha estado experimentando por los pasados años.

Cintrón, quien es autor y coautor de todas las medidas, explicó que fueron trabajadas en consenso con la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, y con el portavoz de la minoría en dicha Comisión, Rafael Hernández Montañez.

"También se contó con el insumo valioso de organizaciones que representan las industrias de banca, construcción, comercio y servicios; así como la aportación de las agencias gubernamentales pertinentes", afirmó el legislador.

El proyecto de la Cámara 2121 establece una tarifa residencial sobre el servicio eléctrico que se consuma en aquellas áreas comunes (gimnasios, piscinas, canchas, gazebos, etc.) compartidas y usadas por los residentes de urbanizaciones, reduciendo su costo de mantenimiento en cerca de un 30 por ciento.

Mientras, el proyecto 2224 permite que proyectos de bajo y moderado costo puedan desarrollar su infraestructura eléctrica de forma semi-soterrada, reduciendo así en un promedio de $1,500 su costo.

Otro, el 2321, fija un tope de 3 por ciento para los arbitrios de construcción aplicables a proyectos de interés social que se desarrollen por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2012, establece un modelo econométrico para proveer información estadística relevante y crea un Programa de Asistencia al Comprador para ayudar a aquellos compradores potenciales que por alguna razón enmendable no han cualificado para financiamiento.

A su vez, una medida crea el Programa de Rescate al Mercado de Vivienda, que consiste en unos nuevos créditos contributivos con valor de $5,000, aplicables al pronto, que se adjudicarán en proporción al valor de la vivienda hasta un máximo de seis créditos por residencia cualificada.

A lo anterior se suma el Programa de Vivienda Accesible para Todos, mediante el cual aquellos compradores que no cualifican, por limitación de ingresos, puedan adquirir de forma mancomunada con el Gobierno o el sector privado la residencia de interés social acordando un plan de renta y redención a mediano o largo plazo que le haga dueño parcial, inmediatamente, y total, al redimir o saldar la porción poseída por el socio mancomunado.

También se aprobó establecer un Fondo Especial para el Financiamiento del Programa de Bonos de Vivienda para mantener la operación de dicho Programa en la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.

Igualmente, se extendió hasta el 2014 la vigencia de los beneficios contributivos de la Ley 47 de 1987 para proyectos de vivienda de interés social.