16 de abril de 2010
La Opinion
Al igual que Rosa Martínez, de 53 años de edad, miles de personas incapacitadas y pensionadas han dejado de recibir ayuda económica de la Administración del Seguro Social, debido a confusiones de identidad. De la noche a la mañana el Seguro Social le suspendió a Rodríguez el derecho de recibir su pago mensual por su incapacidad alegando que ella tenía una orden de arresto en Miami por tráfico de drogas. Martínez les aseguró que ella nunca ha estado en Miami y que la estaban confundiendo con alguien con el mismo nombre. Entonces, las autoridades federales le aconsejaron que viajara a esa ciudad para esclarecer el problema. Martínez no contaba con el dinero para ir a Miami, pero logró conseguir ayuda legal. Ella demandó a la Administración del Seguro Social y ahora su caso representa una demanda colectiva que abarca a unas 250,000 personas en Estados Unidos que se encuentran en similar situación. "Yo trabajé duró por muchos años y cuando solicité los beneficios era porque realmente los necesitaba. Además, son beneficios que yo me he ganado por mi trabajo. No era justo que me trataran así. Nadie tiene el derecho de pisotearte porque estás incapacitada para poder continuar trabajando", dijo Martínez con voz firme. El abogado Gerald McIntyre, director del Centro Nacional de Derecho para los Ciudadanos Ancianos, explicó que un cambio en la ley del Seguro Social de 1996 dirigido a eliminar beneficios a las personas que tienen cuentas pendientes con la ley, ha hecho que miles de personas en todo el país se les niege la ayuda económica injustamente. "En Estados Unidos hay muchas personas con el nombre Rosa Martínez o con algún otro nombre común como John Smith, de ahí viene la confusión… además, hay personas que tienen alguna infracción de tráfico o que emitieron un cheque sin darse cuenta que no tenían fondos suficientes para cubrir la cantidad, estas son las personas a las que queremos decirles que tienen el derecho de recibir beneficios de retiro o de desempleo", explicó McIntyre. La demanda en contra de la Administración del Seguro Social fue interpuesta en el 2007, pero no hubo necesidad de llegar a un juicio, ya que ambas partes lograron un acuerdo que le regresaría a Rodríguez –y a todas las personas en situación similar- los pagos retroactivos y la reinstalación de sus beneficios. El centro de defensa de los ancianos estima que los beneficiados de este acuerdo judicial recibirían entre 10,000 a 40,000 dólares. En total, el Seguro Social tendría que desembolsar unos 500 millones de dólares. Nicole Pérez, abogada de la Fundación de Ayuda Legal de Los ángeles (LAFLA), explicó que hay tres grupos de personas que abarca esta demanda. El primer grupo son las personas que cesaron de recibir beneficios después del 1 de enero del 2007 o que apelaron la decisión después de esa fecha. El segundo grupo está conformado por las personas que recibieron una carta que les negaba los beneficios después de enero del 2007 o que apelaron esta decisión después de esta fecha. El tercer grupo son las personas a quienes se les negó o se les cesó el pago entre enero 1 del 2000 al 31 de diciembre del 2006; y, a quienes después del 1 de enero del 2007, ya no esperaban una decisión del Seguro Social. "La mayor parte de las personas en este grupo tienen que solicitar los beneficios nuevamente y es posible que reciban una carta del Seguro Social, si no lo hacen en un período de seis meses no podrán reclamar los pagos que no han recibido en todo este tipo", declaró Pérez. La abogada de LAFLA agregó que muchas de las personas que han perdido el pago mensual de su retiro o de incapacidad podrían encontrarse en condición de indigencia por lo que será más difícil notificarles de la reinstalación de sus beneficios."Nosotros hemos intentando comunicarnos telefónicamente con algunas de las personas que podrían beneficiarse, pero no hemos podido localizar a nadie. Ni siquiera a una persona. Lo que creemos es que al perder sus ingresos tuvieron que abandonar sus casas y dejar de pagar sus teléfonos celulares", comentó Pérez. Las personas que consideran que podrían ser beneficiadas pueden ir directamente a la Oficina del Seguro Social más cercana. Quienes requieran más información o ayuda especial pueden llamar a LAFLA al 1-800-399-4529. RECUADRO En resumen, el acuerdo judicial beneficiaría a los ancianos o personas incapacitadas que: • ya no reciben pagos mensuales del Seguro Social debido a órdenes de arresto por infracciones de tráfico o delitos menores no violentos • hayan sido confundidas con ciudadanos que tienen órdenes de arresto pendientes
