7 de abril de 2010
El Nuevo Dia
Unas 38 entidades privadas aparecen como demandadas en el pleito legal que radicaron los residentes de las comunidades aledañas a la Caribbean Petroleum Corporation (Capeco) tras la explosión del pasado 23 de octubre. Así lo informó ayer el abogado Eric Quetglas, representante legal de casi todos los 1,023 vecinos demandantes, quien precisó que entre las entidades demandadas hay aseguradoras y compañías que tenían crudo almacenado en los tanques de la antigua refinería. De acuerdo con Quetglas, el pleito que se presentó a pocos días de la explosión está en proceso de que las entidades demandadas comparezcan. "Estamos en el proceso de contestar la demanda, presentar mociones y contestar esas mociones. Algunas entidades alegan que no tienen nada que ver con el caso y que el tribunal federal no tiene jurisdicción", dijo el letrado. La demanda está ante la consideración del juez federal Francisco Besosa. Los demandantes alegan que tanto Capeco como las demás entidades violaron la Ley Marítima federal. Una pesquisa reveló que la explosión se originó porque uno de los tanques que recibía aceite desde una barcaza en la bahía de San Juan se sobrellenó. "Tanto Capeco como las otras entidades debían saber que las instalaciones no eran seguras", dijo Quetglas. En total, agregó el letrado, son cinco los pleitos radicados; cuatro por individuos y uno de clase. La reclamación por daños físicos, emocionales y a la propiedad excede los $500 millones. De otra parte, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) aún no ha determinado si le traspasará a Capeco los gastos de los trabajos de limpieza en la antigua refinería. Beth Totman, portavoz de la EPA, sostuvo en entrevista telefónica desde Nueva York que "aún es muy prematuro" llegar a esa conclusión. Anteayer, Capeco declaró que sus limitaciones financieras le impedían continuar con las obras de limpieza. "La EPA también podría asumir el costo total de la limpieza y no traspasárselo a Capeco", aclaró Totman. Desde octubre pasado, la agencia federal cuenta con una asignación de $3.9 millones para costear los trabajos.
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