12 de marzo de 2010
El Nuevo Dia
Un empleado del Centro de Servicio al Conductor (CESCO) de Bayamón fue arrestado anoche por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) tras ser acusado de fraude en conexión con robo de identidad al traficar documentos de licencias de conducir. Según la denuncia presentada por la Fiscalía Federal, a cargo de Charles Walsh, el empleado gubernamental Humberto Vázquez Cruz, de 33 años, acudió el fin de semana del 20 de febrero al CESCO de Carolina en horas no laborables, se identificó con el guardia que custodiaba las facilidades y se robó cerca de 1,250 documentos de renovación de licencias de conducir. Los documentos contenían nombres, fecha de nacimiento, número de seguro social, dirección y otra información personal del solicitante. Vázquez Cruz, quien laboraba en el CESCO de Bayamón, previamente había sido empleado de las oficinas en Carolina, razón por la que conocía donde se podían encontrar los documentos. Según la declaración jurada de un agente del FBI, el pasado 22 de febrero, la Policía de Puerto Rico arrestó a una mujer en posesión de 28 expedientes de renovación de licencia, el mismo tipo de documentos que habían sido robados en el CESCO de Carolina. La mujer fue arrestada cuando trató de venderle a un confidente una licencia de vehículo en blanco y se le encontró también en su posesión 100 plásticos para laminar licencias y 50 papeles de licencia con el logo oficial del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). "El 10 de marzo la arrestada indicó que ella había actuado como vendedora de documentos de Vázquez en el pasado, en particular que había vendido formularios de tablillas a otra persona a un costo de $800, manteniendo para ella una comisión de $100", reza la declaración jurada. El pasado lunes agentes del FBI realizaron varios allanamientos en búsqueda de los documentos robados en el CESCO de Carolina acudiendo al negocio Junker Boricua y a dos residencias en Carolina y Trujillo Alto. De ser encontrado culpable Vázquez Cruz se expone a una sentencia máxima de cinco años en prisión. El FBI recomendó a la ciudadanía tomar las debidas precauciones para salvaguardar su identidad, como verificar sus cuentas bancarias y su crédito.
