22 de febrero de 2010

La Opinion

NASHUA, New Hampshire.— El Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) y 37 estados están ejerciendo presión sobre empresas que intentan recortar los costos del personal, clasificando de manera ilegal a los trabajadores como "contratistas independientes", en vez de empleados a tiempo completo, según información que obtuvo The Associated Press.

La práctica le cuesta al gobierno miles de millones de dólares en pérdida de ingresos y puede dejar a los trabajadores desprotegidos cuando sufren una lesión en el trabajo o se quedan sin empleo.

Muchas personas que han estudiado el problema creen que se ha agravado durante la crisis económica, lo que desencadena esfuerzos aún más agresivos por parte de los estados para recuperar el dinero.

"Creo que la crisis económica ha tenido un gran impacto… ha exacerbado el problema", dijo Warren Kitzmiller, republicano de Vermont, quien presidió un panel que presentó un informe sobre el problema recientemente.

"Las empresas buscan reducir los costos de todas las maneras posibles, y algunas se están acercando mucho al límite entre lo legal y lo ilegal en ese tema".

Para un número cada vez mayor de empresas, incluyendo Target, FedEx Ground y Comcast, el recorte de costos significa eliminar trabajadores de la planilla o contratar nuevos empleados —muchas veces a través de empresas intermediarias— sin contratarlos a tiempo completo.

La Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, que representa a los departamentos de personal de las empresas en todo el país, dijo que encuestó a sus miembros en octubre 2008 y concluyó que 12% de ellos estaban haciendo un cambio para usar más contratistas independientes, trabajadores eventuales y temporarios debido a la recesión.

Al designar a los trabajadores como "contratistas independientes", las empresas pueden ahorrar hasta el 30% del gasto en personal, al evitar el seguro por desempleo y los pagos por indemnización para trabajadores, además de la retención del aporte del empleador.

La práctica también priva a los estados de los ingresos que les son tan necesarios, en un momento en que las tasas de desempleo en aumento ponen en dificultades sus presupuestos. la desocupación en el país fue de 9.7% en enero.

Normalmente, a menos que los trabajadores presionen y logren un fallo que determine que tendrían que haber sido tratados como empleados a tiempo completo, no pueden cobrar los pagos por indemnización por lesión o beneficios por desempleo cuando quedan sin trabajo.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental federal estimó que la clasificación errónea de empleados tuvo como consecuencia unos 2.72 mil millones de dólares en impuestos que no se pagaron de Seguro Social, impuestos de seguro por desempleo e impuestos a los ingresos en 2006, el último año para el que hay cifras disponibles.

El IRS dijo que comenzaría un estudio de tres años sobre el tema este mes. Las presiones que están realizando los estados incluyen:

Nueva York: un equipo formado por varias agencias informó que encontró casi 31,500 casos de clasificación errónea de empleados y casi 390 millones de dólares en salarios no informados desde septiembre de 2007 a fines de 2009. El estado había ordenado a los empleadores pagar más de 28 millones de dólares en salarios, impuestos y multas adeudadas.

Las cifras de Nueva York aumentaron de manera significativa. El equipo estatal encontró 12,300 casos de clasificación errónea en los 16 meses que finalizan en diciembre 2008. Un año después había encontrado unos 19,200 casos más.

California: fiscales del condado de Orange dijeron el año pasado que intentarían obtener 38 millones de dólares de una pareja por fraude por indemnización de trabajadores, debido a que no pagaron las primas y los reclamos presentados por 42 trabajadores lesionados, pero que no contaban con seguro en sus empresas constructoras.

Florida: un gran jurado estatal dictaminó en 2008 que algunos contratistas del área de la construcción conspiraron con locales comerciales para el cobro de cheques, a fin de simular pagos a un subcontratista falso, cobrar los cheques para sí mismos y pagar dinero en efectivo a los trabajadores, "por debajo de la mesa".

Ohio: la Oficina de Indemnizaciones para Trabajadores dictaminó el año pasado que el principal asistente de un ex procurador general del estado clasificó de manera incorrecta los cuatro empleados de su empresa de construcción Youngstown. En la etapa de apelación se determinó que sólo dos de ellos se consideraron clasificados de manera incorrecta. El estado no informó cuál es la deuda del asistente por concepto de restitución.

Matthew Capece, funcionario de la Hermandad de Carpinteros de Estados Unidos (United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America) describió los esfuerzos del estado como alentadores.

"Estamos comenzando a ver que el gobierno estatal y federal se esfuerzan y demuestran más interés", dijo Capece. Pero "queda mucho camino por recorrer para arreglar esto".

Las empresas aseguran que usar contratistas independientes los ayuda a mantener los costos bajos y a permanecer flexibles en una economía cada vez más difícil y competitiva.

"Algunas empresas quieren concentrarse en las funciones empresariales básicas", dijo Kevin Hishta, un abogado con sede en Atlanta que representa a empleadores en temas de relaciones laborales. "Pueden sentir que no tienen la experiencia para manejar una función en particular o que otros podrían hacerlo de forma más eficiente". Ofreció como ejemplo "un fabricante de alfombras que decide que ‘en realidad no necesito estar en el negocio de la instalación’".

Los expertos aseguran que el abuso de los contratistas independientes se extiende a través de una amplia gama de industrias: fabricantes con baja capacitación de plataformas para envíos en California; proveedores de atención médica en el hogar; incluso bailarinas en algunos clubes de strip de Massachusetts. Varios estados dijeron que la práctica es más frecuente en la construcción.

Algunas empresas de nombres conocidos han sido demandadas por supuesta clasificación errónea de sus empleados. FedEx Ground, subsidiaria de FedEx Corp., con sede en Memphis, ha sido demandada más de 45 veces por clasificar a los conductores que entregan paquetes como contratistas independientes. La empresa asegura que sus conductores son propietarios de pequeñas empresas, que pueden ser dueños de varias rutas y expandir su negocio de la manera que deseen. Los dictámenes del tribunal han sido tanto a favor como en contra.

UPS, rival de FedEx, está a punto de llegar a un acuerdo en un caso de clasificación errónea de un trabajador de California, aseguró un abogado que trabaja en el caso.

Tanto Comcast, el gigante de la televisión por cable, como Target, han sido demandados por supuestamente contratar empresas intermediarias que niegan beneficios a los trabajadores. Entre los demandantes se encuentran limpiadores que trabajaron en tiendas de Target en Texas e instaladores de televisión por cable en Massachusetts. Target y Comcast aseguran que los trabajadores que demandan nunca fueron empleados de sus empresas.

Hilda Solís, secretaria del Departamento de Trabajo, dijo que algunos trabajadores no siempre saben que fueron clasificados como independientes y que llevan a cabo trabajos riesgosos sin que los proteja ninguna ley de salud y seguridad. Suelen descubrir acerca de la clasificación errónea mucho después, aseguró.

Celso Mena, de 59 años, trabajador de la construcción en New Hampshire, nacido en Panamá y que obtuvo la ciudadanía estadounidense el año pasado, cayó de un andamio en un proyecto de construcción de una escuela en 2007 y se rompió un tobillo. Desde el hospital llamó a la empresa que lo había contratado.

"Me dijeron que no eran responsables de nada porque yo era un trabajador contratado", dijo Mena a través de un intérprete en su casa en Nashua.

En una audiencia en el Departamento de Trabajo estatal, la empresa aseguró que Mena firmó de manera voluntaria los documentos que establecen que trabajaría como contratista independiente. Mena, que habla poco inglés, dijo que no entendió lo que estaba firmando y que no se lo tradujeron.

La empresa, GMPB-Kal-Vin, y su abogado, Paul Kfoury Jr., no devolvieron las llamadas telefónicas para que realizaran comentarios.

Mena finalmente obtuvo casi 50,000 dólares en un acuerdo ordenado por el estado, pero la mayor parte del dinero lo destinó a facturas médicas, y no ha podido trabajar desde el accidente.