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  Por el libro
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22 de febrero de 2010

Impre.com

WASHINGTON — El presidente Barack Obama anunció ayer un fondo de 1.5 mil millones de dólares para ayudar a las familias de los cinco estados más afectados con la crisis inmobiliaria, entre ellos California. Esto, mientras 25 organizaciones, entre ellas hispanas, se unieron para reclamar mayor acción en el Congreso para que beneficie a comunidades minoritarias.

La "Ayuda para los mercados de vivienda más afectados", se destinará a áreas como Florida, Nevada, Arizona, Michigan y California, que son los estados que han tenido una devaluación promedio de vivienda de más de 20% con relación al punto más alto. "El gobierno tiene una responsabilidad en ayudar a lidiar con este problema", dijo el mandatario en Nevada.

El dinero, emanado de TARP, pretende aumentar la capacidad de agencias de financiamiento de vivienda, las que deberán presentar programas que incluyan iniciativas para beneficiar a los propietarios desempleados; planes para socorrer a los prestatarios cuya deuda es mayor al valor actual de su residencia y asistencia en los desafíos que surgen de una segunda hipoteca, entre otros.

El Departamento del Tesoro será el encargado de aprobar las propuestas. De acuerdo al último reporte del Consejo Nacional de la Raza (NCLR) alrededor de 1.3 millones de familias latinas podrían perder su casa en los próximos dos años víctimas de ejecuciones hipotecarias.

El anuncio de la Administración fue bienvenido por diversas organizaciones, sin embargo, el mensaje que grupos minoritarios llevan meses tratando de empujar en Washington continúa siendo: "no es suficiente"; tanto en el área de viviendas como creación de empleos.

Un mensaje que ayer se tradujo en la divulgación de una carta enviada a los líderes demócratas de ambas cámaras, Nancy Pelosi (D-CA) y Harry Reid (D-NV), por parte de 25 organizaciones incluyendo el Instituto de Política Económica (EPI), NCLR, AFL-CIO, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), Conferencia de Liderazgo sobre los Derechos Civiles y Humanos, entre otras.

"Mientras no resolvamos la crisis nacional de empleos, todas nuestras prioridades —reforma de salud, arreglar nuestro sistema migratorio y expandir las oportunidades económicas para todos— están en real peligro", dice la carta.

Entre las demandas incluidas en el documento, se menciona extender los beneficios de seguro de desempleo y COBRA por todo el año, además de la creación inmediata de trabajos en el sector público que respondan a necesidades comunitarias, lo que debería ser financiado con 40 mil millones de dólares para un periodo de dos años.